Así lo acordaron los juristas de la comisión que, por encargo del Gobierno, elabora el anteproyecto de reforma del Código Penal; piden el efectivo cumplimiento de las penas
Si madurara ese artículo en el que los juristas que analizan cómo debería ser el nuevo Código Penal acaban de ponerse de acuerdo, Sebastián Wagner, el acusado del homicidio de la joven Micaela García, ya no podría acceder a la libertad condicional por ser reincidente.
En la última reunión de trabajo, los especialistas convocados por el Gobierno para elaborar el anteproyecto de ley para reformar y actualizar el Código Penal acaban de llegar a un consenso para que la libertad condicional no se pueda conceder a personas declaradas reincidentes.
Así lo informó el presidente de la comisión, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Mariano Borinsky. El consenso de limitar el beneficio de la libertad condicional se alcanzó en la reunión de trabajo que se realizó el miércoles pasado, cuando todavía había esperanzas de encontrar con vida a Micaela, aunque ayer la autopsia reveló que la joven estudiante y militante social de 21 años había sido estrangulada el mismo día de su desaparición, el sábado 1° de este mes.
Wagner, de 30 años, había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones en Concepción del Uruguay. El juez de ejecución penal entrerriano Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional en julio del año pasado, desoyendo informes negativos del cuerpo de peritos del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario provincial. Ayer, agobiado por las críticas a esa resolución, Rossi pidió licencia.
La restricción de las condiciones en las que pueden otorgarse beneficios a los condenados es apoyada por el Gobierno. Ayer, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano -que en la víspera había pedido públicamente a Rossi que renuncie-, sostuvo: “Tenemos un estudio del Registro Nacional de Reincidencia que dice que, pese a que el máximo de la pena por violación es mucho más alto, el 80% de las penas por violaciones son menores a 10 años y, en este caso en particular, a Wagner se lo había condenado por dos violaciones a 9 años de prisión. Sólo había cumplido cuatro o cinco años, con lo cual es una salida superanticipada”.
Los 11 expertos convocados por el Gobierno también consensuaron que los condenados a prisión perpetua podrán pedir el beneficio de la libertad condicional cuando hayan cumplido 35 años de cárcel, y los sentenciados a reclusión, a los 40.
Acordaron, además, reducir los márgenes de discrecionalidad con los que los jueces de ejecución conceden las libertades condicionales.
La comisión fue creada en enero pasado por el presidente Mauricio Macri, con el consejo del ministro de Justicia. Tiene un plazo de 12 meses para presentar el anteproyecto del nuevo Código Penal.
Además de Borinsky, integran la comisión Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Patricia Llerena, jueza de tribunal oral en la Capital; Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe; Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, juez de tribunal oral porteño y profesor de derecho en la UBA y la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.
“La tendencia de lo que buscamos es el efectivo cumplimiento de la ley penal”, afirmó a LA NACIÓN una fuente de la comisión. Se refería al cumplimiento total de las penas y a la restricción de beneficios para determinados delitos. Coincidió ayer con esa postura el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien se manifestó a favor de negar la libertad condicional a reos por homicidio, secuestros seguidos de muerte y delitos sexuales.