Más de 3.900 empleados públicos, entre ellos juristas, militares y científicos, han sido despedidos en virtud de nuevos decretos emitidos por el Gobierno de Turquía, más de nueve meses después del fallido golpe Estado en este país, informó en la noche del sábado la agencia estatal de noticias Anadolu.
Más de 3.900 empleados públicos, entre ellos juristas, militares y científicos, han sido despedidos en virtud de nuevos decretos emitidos por el Gobierno de Turquía.
A los empleados públicos se les acusa de estar vinculados al clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos, a quien el Gobierno turco responsaliza por la intentona golpista del 15 de julio de 2016.
Hace pocos días, más de 9.000 policías fueron suspendidos y otros miles detenidos por sus supuestos lazos con el movimiento de Gülen. Según Anadolu, con los nuevos decretos también fueron cerrados 14 asociaciones, 13 organizaciones de salud y 18 fundaciones.
Al mismo tiempo, cinco asociaciones fueron autorizadas a reanudar sus labores.
En Turquía rige desde la intentona golpista el estado de excepción, que permite a Erdogan gobernar por decreto y que ha sido prorrogado al menos hasta el 19 de julio.
Según datos oficiales difundidos a principios de abril, más de 47.000 sospechosos han ingresado en prisión preventiva desde la fallida asonada militar y decenas de miles de empleados públicos han sido despedidos.
La oposición turca asegura que Erdogan pretende con las detenciones y los despidos combatir no solo a presuntos seguidores de Gülen sino también a detractores de su Gobierno.