Los líderes políticos de Puerto Rico se movilizaron el miércoles para acogerse a una protección por bancarrota en el tribunal federal de quiebras; con esto, la isla se ha convertido en la entidad gubernamental más grande de Estados Unidos que busca negociar con sus acreedores en los tribunales.
La isla sufre una grave recesión desde 2006, y los gobiernos anteriores profundizaron la deuda al solicitar préstamos para cumplir con sus gastos operativos.
Los esfuerzos para obtener concesiones de sus acreedores han fracasado y, en los últimos dos años, Puerto Rico ha solicitado la ayuda de Washington. Hace poco, el presidente estadounidense Donald Trump escribió un tuit diciendo que no debería implementarse un “rescate” en el caso de Puerto Rico.
La isla tiene una deuda aproximada de 120.000 millones de dólares en bonos y debe reestructurar su sistema de pensiones, lo que supera a la situación de Detroit en 2013, cuando esa ciudad se declaró en quiebra porque acumulaba una deuda de 18.000 millones de dólares en bonos y partidas de jubilación.
El caso de la isla no puede definirse formalmente como una quiebra, ya que Puerto Rico no puede acogerse al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras usada normalmente por los gobiernos locales. Por eso el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, solicitó ayuda en virtud de la nueva ley federal para gobiernos territoriales insolventes denominada PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act).
El siguiente paso será que John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, designe a un juez de bancarrota para manejar el caso.
Rosselló dijo que la isla tuvo que acudir al tribunal de bancarrota porque no tenían forma de seguir prestando los servicios públicos esenciales y cumplir con las obligaciones exigidas por sus acreedores. Un plan fiscal de cinco años emitido este año establece gastar alrededor de 800 millones de dólares anuales para afrontar los pagos principales y los intereses sobre la deuda de bonos, que tiene un valor nominal de unos 73.000 millones de dólares. Para poder cancelar de forma solvente la deuda deberían hacerse pagos de 3500 millones de dólares al año.
El plan fiscal del gobernador también requiere cambiar todas las pensiones de los trabajadores actuales del gobierno. Los jubilados seguirán recibiendo sus pensiones mensuales tradicionales, pero los montos se reducirán en un 10 por ciento en promedio, y las pensiones más pequeñas sufrirán los recortes más exiguos.
“El gobierno sigue dispuesto a continuar el diálogo de buena fe y las negociaciones con sus acreedores”, dijo el gobernador en una carta dirigida al presidente de la junta federal de vigilancia, José Carrión.