El Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, habló en la 99.9 sobre el fallo judicial que suspende el pago de la TSU para un contribuyente y remarcó que no se extiende para todas las cuentas del municipio. Además, se refirió a la paritaria con los Municipales y señaló que “estiman un impacto de casi 380 millones de pesos anuales”.
El fallo judicial que ha declarado la inconstitucionalidad del TSU tiene detalles importantes que no han sido expresados de la forma correspondiente y el Secretario de Gobierno local, Alejandro Vicente, habló al respecto a través de la 99.9: “es una acción judicial que desde 2014 se encontraba a resolución de la Cámara de Apelación y el fallo salió en mayo de 2017. Es un proceso judicial que comenzó hace varios años y tiene como finalidad la declaración de certeza de la ordenanza que creó la TSU que reemplazó al ABL tradicional”.
Lo que aclaró además, que el alcance de la misma es solamente sobre la cuenta de la persona que efectuó la denuncia: “el fallo se trata de una resolución aplicable a la cuenta del contribuyente que interpuso la acción judicial. Lo que planteaba era que no lo obligaran a pagarla porque del modo que estaba estructurada la ordenanza se hacía muy onerosa y la justicia dispuso eso en este caso, pero no es aplicable en forma genérica”.
El fallo tardó una década en llegar y tampoco ha quedado firme porque la municipalidad presentará un recurso para seguir el camino judicial hasta las últimas instancias: “la ordenanza es de 2007 y la presentación se hizo en el transcurso de ese año, tardaron 10 años en llegar al fallo. Creemos que se difundió de manera alarmante y nada pone en vilo la continuidad del cobro de esta tasa ni la legalidad de las ordenanzas que vengan en un futuro. Este fallo no está firme porque el municipio aplicará el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para que sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia”, adelantó Vicente.
Hay otros temas que también son importantes en la actualidad de la ciudad como la negociación que se lleva adelante para que el Centro Cultura Vieja Terminal Sur lleve ese nombre y no el de Paseo Aldrey. Al respecto, el Secretario de Gobierno remarcó que “tenemos una nueva reunión del proceso de negociación y hay un recurso administrativo de la firma contra la resolución. Estamos en medio del proceso. El acto administrativo de la comuna se encuentra cuestionado y hasta que no se resuelva estaremos en ese camino. Puede llevar unos 25 o 30 días corridos”.
En ese lugar de negociaciones se encuentra también la paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales. De todas maneras, desde el gobierno dejaron en claro que ya no queda mucho margen de negociación: “hemos hecho todas las propuestas que podemos cumplir. Tenemos dos objetivos, uno hacer un ofrecimiento que podamos cumplir posteriormente y no tengamos que sufrir las consecuencias del uso del dinero de manera indebida. Por otro lado, queremos que el trabajador tenga una recompensación sin que el poder adquisitivo esté afectado por la inflación. En base a eso, hicimos todas las propuestas”, dijo Vicente.
Lo que respondió el Sindicato ya ni siquiera tiene que ver con el porcentaje, sino que pasa por otro lugar: “en la última contrapropuesta se modifica el esquema temporal. Siempre ofrecimos recomposiciones por un año u ocho meses, pero nos proponen por un semestre dejando el segundo semestre a clausula gatillo o el modo en que se entable la conversación. En esas condiciones, no podemos aceptar”.
Parece que el Sindicato pretende estirar el conflicto la mayor cantidad de tiempo posible, pero mientras tanto las maniobras están a la orden del día. Los medios presentan la posibilidad de requerir un apoyo provincial para el pago del dinero requerido como un “pedido de permiso” de Arroyo a Vidal. El propio funcionario lo refutó: “no estamos muy lejos y genera zozobra que no se llegue a un acuerdo. No tiene ningún asidero decir que el intendente le va a pedir permiso a Vidal para llegar a un acuerdo en las partitarias. Hay que tomarlo como una provocación para ingresar en un terreno que ni siquiera queremos atender”.
Las afectaciones de cada número que se sube o se baja son importantes para el erario público y por eso no quieren firmar algo que después no puedan cumplir. “Cada punto sobre el cuál discutimos son 3 millones de pesos mensuales o un poco más y estamos hablando de 40 millones de pesos en un período anual. Eso no indica que el reclamo no sea justo, pero cuando nos tomamos un tiempo para evaluar una propuesta lo hacemos buscando responsabilidad en el trabajo. El impacto que estamos evaluando está en los 380 millones de pesos, es importante cualquier estudio y cálculo que se haga sobre la situación”, finalizó.