El documento sostiene que al 31 de diciembre de 2016 la población en cárceles federales se incrementó hasta 10.968 personas, lo que marcó un nuevo record histórico. Para febrero de este año, esa cifra aumentó a 11.128 internos.
La población en las cárceles federales llegó al récord histórico de 11.128 presos, según el último informe anual de 2016 de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que también alertó por las 36 muertes bajo custodia ocurridas el año pasado y la persistencia de prácticas de tortura por parte de los guardiacárceles.
El documento difundido, bajo el título: ‘La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina’, que se dio a conocer esta semana, arrojó que al 31 de diciembre de 2016 la población detenida en cárceles federales se había incrementado hasta 10.968 personas, lo que marcó un nuevo récord histórico.
Para febrero de este año, esa cifra aumentó a 11.128 internos y desde la Procuración se alertó por la sobrepoblación en las cárceles federales, ya que hay un cupo declarado de 11.074 plazas.
Además, el informe precisó que en el país la tasa de encarcelamiento subió a 168,54 cada 100.000 habitantes, incluso sin contar los presos en comisarías, lo que daría una cifra superior a 77.000 personas privadas de su libertad en Argentina, cuya amplia mayoría se concentra en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense con una cifra máxima registrada de 33.482.
El 51 por ciento de las personas privadas de su libertad no tiene una condena firme, sino que están presos en calidad de procesados y en su mayoría son varones, ya que las mujeres representan apenas el 4% de la población carcelaria a nivel nacional.
Según dio cuenta la PPN, ‘la inmensa mayoría’ de los detenidos son argentinos, mientras que los extranjeros representan solo el 6 por ciento.
En tanto, el documento revela que el 62 por ciento de los presos en Argentina son menores de 35 años, principalmente de entre 25 y 35 años. En tanto, se denunció que ‘las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país’.
En 2016, se detectaron 606 casos y sólo el 39 por ciento de las víctimas prestaron su consentimiento para realizar la denuncia penal.
‘Ante toda esta evidencia, la Procuración Penitenciaria considera necesario que los responsables políticos y autoridades del Servicio Penitenciario Federal incluyan en agenda el problema de la tortura en los lugares de detención y, en consecuencia, se diseñe un plan de erradicación de esta práctica’, advirtió el informe, suscripto por el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Miguel Mugnolo.
En ese sentido, se informó que la respuesta judicial ante este tipo de denuncias es ‘inadecuada’, aunque resaltaron que existieron avances ‘puntuales pero importantes’ en la investigación y sanción judicial de estos delitos.
El organismo informó que actualmente se desempeña como querellante en 34 casos judiciales en los que 72 agentes penitenciario se encuentran procesados y otros 9 fueron condenados.
Por último, la Procuración Penitenciaria alertó por las 36 muertes ocurridas el año pasado dentro de las cárceles, de las cuales 14 se produjeron de forma ‘violenta’: cinco accidentes en el marco de medidas de fuerza extremas, tres homicidios, tres suicidios y tres muertes accidentales.