Con respaldo de Schiaretti, el intendente Ramón Mestre anunció ayer un proyecto en varios frentes. Incluye consulta popular, propuesta de ley al Congreso y una red alternativa de colectivos.
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, aprovechó ayer la relativa calma del domingo y el regreso de sus vacaciones del gobernador, Juan Schiaretti, para retomar la iniciativa luego de que cayó el último intento por encontrar una solución al conflicto por el transporte público en la ciudad, que hoy entra en su noveno día.
Al mediodía, el intendente anunció un plan de cuatro perspectivas, que busca enfocar el problema desde los aspectos operativo, político y legal, sin descuidar el de la opinión pública.
El más llamativo de todos esos planos es el de un sistema de transporte de emergencia, por el cual desde hoy a las 7 algunos de los mismos colectivos que los choferes en paro se niegan a conducir comiencen a circular por Córdoba, con custodia policial y de la Gendarmería Nacional.
El miércoles, el municipio ya había propuesto a taxistas y a remiseros a que ayudaran a prestar un servicio de emergencia que debía funcionar desde el jueves, pero el experimento no resultó, aunque los coches de alquiler circularon con normalidad durante la jornada. Ahora, el esquema constaría de 120 coches.
“Seguimos coordinando con las fuerzas federales, con la Gendarmería, con la Policía Federal y con el municipio para garantizar la paz social. Aquellos que quieran prestar el servicio en el diagrama de emergencia serán custodiados por las fuerzas de seguridad para garantizar la libertad de trabajo y la seguridad de los ciudadanos”, indicó anoche el gobierno de Schiaretti en un comunicado.
Mestre anunció el impulso de una consulta popular para que sean los vecinos de la ciudad los que se expresen sobre “el transporte como servicio esencial, las asambleas de los servidores públicos en horarios de trabajo y las políticas de transparencia”. Convocó para hoy al Consejo Económico y Social con ese fin.
“Necesitamos el respaldo ciudadano y definitivo para avanzar y para recuperar el Estado de derecho en Córdoba”, expresó Mestre.
El gobierno de Schiaretti también lo respaldó. Declaró su voluntad de “respaldar que en la ciudad se convoque a una consulta popular para que sean los cordobeses de la Capital quienes definan si están de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país para que la UTA Córdoba gane más plata respecto a trabajadores del transporte de pasajeros de otras provincias”.
Una diferencia: Mestre incluiría una consulta sobre “las asambleas en horario de trabajo”, que parece apuntar al sindicato de los municipales (Suoem). Schiaretti no estaría de acuerdo para no unir a dos gremios en el rechazo.
En principio, y al menos desde el punto de vista del municipio, los choferes han perdido un punto de la oferta que rechazaron: la de reincorporar a los despedidos. Ayer, Mestre confirmó que los despedidos, en el marco de la ilegalidad, han perdido su fuente laboral. “Y siguen intimando a que se presenten a trabajar”, dijo.
Mestre también anunció que impulsará que el Congreso declare al transporte público de pasajeros como “servicio público esencial”, con lo que el modo de ejercicio de la actividad sindical pasaría a tener una regulación especial. Eso sucede en otros países, pero no en Argentina. En el Congreso se han acumulado proyectos que nunca prosperaron.
Mestre anunció que pedirá a los senadores nacionales que impulsen una iniciativa en ese sentido. Y mandó una nota a la Legislatura provincial para que instruyera a los senadores en ese sentido.
El schiarettismo anunció que propondrá regular por ley los servicios públicos, las guardias mínimas y cómo se manifiestan las huelgas. El proyecto ingresaría este mediodía a la Unicameral.
Sin cobertura gremial Advertencia de la UTA. El gremio UTA, a nivel nacional, volvió a pedir ayer a los choferes que acaten la conciliación y advirtió de que, si siguen sin trabajar, corren el riesgo de perder la cobertura gremial.