La diputada Karina Banfi señaló en la 99.9 que los cambios en las pensiones responden al cumplimiento de un sistema que se implementa desde 1997: “la transparencia no es inhumana”, sentenció.
Las pensiones por incapacidad o discapacidad, pasaron a ser uno de los temas centrales en la política nacional porque se empieza a imponer como un tema de campaña en pleno año electoral. La diputada Karina Banfi, se encargó de aclarar algunas cuestiones a través de la 99.9, que tendrían que haber presentado de mejor forma como parte del gobierno antes de que se conociera la situación: “ninguna cuestión administrativa está por encima de un derecho. Las pensiones por discapacidad es la forma de estar presente del estado donde hay un impedimento para su productividad. Lo que está haciendo la comisión de discapacidad que se encarga de las pensiones, es aplicar la reglamentación existente”.
Luego agregó que “resulta asombroso como se utiliza porque es un sistema que existe desde 1997. La reglamentación no ha sido modificada en dos décadas y es la misma que estamos aplicando. Tienen un período de control para cambiar el tipo de pensiones, incluso pudiendo mejorarse el status de la misma. Hoy se destacan el 30% de bajas, pero es gente que pasa de prestaciones de discapacidad a PUAM que es la Prestación Universal de Adultos Mayores que tiene un ingreso más alto y tiene que ver con el cambio en la edad”, ejemplificó.
Incluso advirtió que se está trabajando en la idea de perfeccionar este tipo de reglamentación para darle transparencia al sistema: “se está trabajando en un proyecto de modificación para que sea más justo porque las irregularidades en este tipo de prestaciones asistenciales es muy alta. En vez de ayudar a las personas que necesitan estas prestaciones, se van a un universo que funciona como clientelismo, se “dibuja” alguna circunstancia para aumentar el sistema de asistencia”, dijo hablando sobre algunos casos puntuales.
Sin embargo, en esa recapitulación hubo algunos errores que incluso la ministra Stanley generó una línea telefónica para denunciar esos casos y subsanarlos cuanto antes: “los errores se subsanan porque hay un derecho reconocido que se respeta. El 30% está yendo a otro tipo de prestaciones y otras que cambian de criterio, no es que se quedan sin nada”, remarcó Banfi.
Este tipo de esquema que están tratando de regularizar, se repite en muchos rubros como la policía e incluso la educación respecto de las licencias y las pensiones: “la transparencia no es inhumana, cuando Vidal llegó al gobierno de la provincia en las fuerzas policiales encontró 9.000 legajos de licencias por incapacidad de los cuáles, al revisar, la mayoría son inexistentes lo que pasó a estudiarse para las posteriores sanciones administrativas. La voluntad política es el gran motor del cambio, el país ha vivido en un sistema de tribus y caudillos donde cada provincia hace lo que quiere, pero todos tenemos que empezar a pensar como una república con reglas claras”, finalizó.