“Esta brutal conspiración solo podría ser llevada a cabo por un grupo injusto que ha derramado sangre inocente”.
La Justicia egipcia vuelve a despachar penas capitales a escala industrial. Un tribunal penal de El Cairo ha condenado a muerte este sábado a 30 personas acusadas de participar presuntamente en el asesinato del fiscal general de EgiptoHisham Barakat hace ahora dos años.
Barakat, de 64 años, falleció a finales de junio de 2015 por la detonación de una bomba cuando su convoy se desplazaba por el distrito cairota de Heliópolis. El atentado, el más grave perpetrado contra un alto cargo de la administración egipcia, impulsó la redacción de una draconiana ley antiterrorista que ha ahogado los últimos espacios de libertad en el país árabe.
La corte egipcia ha elevado este sábado la recomendación de enviar al cadalso a 30 personas por su supuesta implicación en la acción terrorista. El veredicto inicial será revisado por el gran muftí, la máxima autoridad religiosa del país, aunque su resolución no resulta vinculante. La sentencia definitiva será dictada el próximo 22 de julio. “Esta brutal conspiración solo podría ser llevada a cabo por un grupo injusto que ha derramado sangre inocente”, señaló el magistrado Hasan Farid.
El homicidio del fiscal se produjo poco después de que ‘Wilayat Sinai’, la filial egipcia del autodenominado Estado Islámico que tiene su sede en la península del Sinaí, llamara a lanzar ataques contra la cuestionada judicatura del país, convertida -según organizaciones de derechos humanos- en un brazo ejecutor de la feroz represión que vive Egipto desde el golpe de Estado de julio de 2013.
Hasta 67 personas fueron acusadas de haber participado en el asesinato. La fiscalía egipcia sostiene que el homicidio fue urdido por los Hermanos Musulmanes -un movimiento declarado “terrorista” en Egipto que renunció hace décadas a la violencia y optó por la vía política- y su rama palestina Hamas. Ambas organizaciones han negado cualquier implicación en la arremetida.
El año pasado el ministerio del Interior divulgó un vídeo en el que varios jóvenes confesaban el crimen y aseguraban haber sido entrenados por Hamas. Algunos, sin embargo, se retractaron y negaron la acusación durante el proceso judicial alegando que había sido obtenida bajo tortura.
La autoría del coche bomba fue reivindicado por “Resistencia popular”, un grupo poco conocido que ha llevado a cabos ataques contra fuerzas de seguridad y funcionarios egipcios en Alejandría y Giza. Sin embargo, según el conductor del fiscal, Barakat no falleció como consecuencia del artefacto explosivo sino al recibir el impacto de un vehículo tras el atentado. Su empleado, herido en el suceso, aseguró incluso que el fiscal no perdió la conciencia y podía caminar. El Gobierno decretó un apagón informativo sobre el caso en plena investigación del ataque.
En agosto de 2015, con el trasfondo del asesinato, Al Sisi aprobó una ley antiterrorista que aplasta los últimos resquicios de libertad. La norma amplía los casos punibles con pena capital, establece tribunales especiales para juzgar a los acusados por terrorismo, proporciona protección legal a militares y policías y dicta desorbitadas multas para aquellos periodistas que discutan la versión oficial de los atentados que sufre el país. Organizaciones de derechos humanos locales alertaron de que la norma supone “un estado de emergencia no declarado y el establecimiento de un poder judicial excepcional y paralelo”.
Desde el golpe de Estado que en julio de 2013 desalojó del poder al islamista Mohamed Mursi, la represión -que ha afectado a islamistas, laicos, izquierdistas y activistas de derechos humanos- se ha cobrado más de 3.000 vidas y ha enviado a la cárcel a más de decenas de miles de personas. Desde entonces los tribunales han despachado condenas a muerte a escala industrial contra líderes y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes en macrojuicios rápidos sin garantías mínimas que ha suscitado amplias muestras de repulsa. La persecución, además, ha cerrado veteranas organizaciones dedicadas a denunciar las torturas o ha prohibido abandonar el país y congelado las propiedades de un número cada vez mayor de activistas. Desde la asonada han aflorado continuas denuncias de torturas en las infames cárceles del país y se han contabilizado cientos de desapariciones forzosas.