El Presidente del Tribunal de Cuentas quedó en el ojo de la tormenta cuando hace un año se conoció que su esposa y su hijo eran empleados de ese organismo. Si bien hubo “amagues” de renuncias, los Grinberg siguen allí y cobran sueldos millonarios.
El Tribunal de Cuentas es la instancia administrativa que se encarga de seguir de cerca las gestiones de los tres poderes, promoviendo buenas prácticas de gestión y de transparencia. Sin embargo, su perfil intachable quedó severamente dañado el año pasado, cuando se conoció que su titular, Eduardo Grinberg, que este año cumple tres décadas ininterrumpidas en el cargo, había designado a su esposa como asesora y tenía a su hijo trabajando junto a él.
De acuerdo a datos oficiales, el funcionamiento del Tribunal le insume al tesoro provincial unos 750 millones de pesos por año, de los cuales el 95 por ciento se destina al pago de sueldos, algunos de ellos exorbitantes y por demás polémicos. El titular del cuerpo, Eduardo Grinberg, por ejemplo, acaba de hacer pública su declaración jurada. Allí, además de una serie de propiedades inmuebles y muebles –una embarcación, por ejemplo- consigna que percibe 3 millones de pesos “netos” por año.
Cualquiera que se guíe por su página de Wikipedia, concluirá en que Grinberg tiene bien ganados cada uno de los morlacos que percibe. “Sancionó a intendentes por igual, sin distinguir banderías políticas, lo que le ha valido esquivar cuestionamientos de oficialismos y oposiciones”, se indica allí. El autor del panegírico, reconstruyó este portal, sería uno de los asesores del presidente del Tribunal, cuyos salario s también superan los 50 mil pesos.
El tribunal es el sostén de la familia completa. Su cónyuge, Susana Klurfan, declara ingresos por 892 mil pesos netos al año en concepto de asesoría a la Presidencia del HTC, es decir, de su propio esposo. Tiene ese cargo desde 2012, a partir de un decreto del entonces gobernador Daniel Scioli y, aunque amagó con renunciar el año pasado –cuando se conoció esta noticia y devino en escándalo- sigue aferrada a él.
Al menos así se lee en la Declaración Jurada, que deja en blanco el lugar asignado para consignar la fecha de “cese al cargo actual”. La propia web de Provincia explica que “ello indica que el declarante permanece en dicho cargo”. Ello a pesar de que, en junio de 2016, el propio Tribunal difundió una carta de renuncia en la que se traducía todo el dolor por la dimisión y un amor conyugar a prueba de balas: “jamás mi labor fue cuestionada, sino sólo ahora y únicamente por mi vínculo conyugal con Ud., y es por eso que me veo obligada a tomar esta decisión” afirma Kurfan en un párrafo y más tarde añade: “no deseo que nada ni nadie empañe el trabajo y el compromiso de este Honorable Tribunal, y es por ello que he decidido presentarle mi renuncia indeclinable”.
El retoño también cobra del tribunal. Se llama Ignacio Grinberg y desde 2010 se desempeña en la Dirección de relaciones institucionales y profesionales. El salario anual es de 894 mil pesos. En el Estado le va mucho mejor que en su actividad privada: siempre según los datos que él mismo aportó, su estudio jurídico le generó ingresos por apenas 300 mil pesos en todo el año en concepto de honorarios.
El problema del Tribunal no es únicamente lo oneroso que resulta para las arcas provinciales sino su dudosa efectividad. Varios intendentes consultados por este portal reconocieron que no tiene ninguna influencia positiva en que se generen buenas prácticas de gestión y transparencia. “Sólo sirve para apretar a diario con papeles ridículos”, reconoció más de uno, embroncado.