Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dijo que para cambiar su imagen, el Poder Judicial debe mostrarle a la gente lo que hace. Confirmó que el 90% de las causas en la región son por estupefacientes. Y diferenció el trabajo judicial en el sur: “Acá los expedientes tiene cara, sabemos a quién juzgamos y los vemos en la calle”.
-¿Cómo considera la sociedad a la administración de la Justicia?
-Estoy tratando desde siempre de cambiar el paradigma de los viejos jueces en cuanto a que sólo hablaban a través de sus sentencias. Para cambiar la imagen que la sociedad tiene de los jueces, tenemos que mostrarle lo que hacemos en la medida que podamos explicarlo. Si hay un caso a resolver, no voy a decir cómo resolverlo pero sí debo decir lo que se está tramitando y tratando. Es una manera de tratar de cambiar la mala imagen de la Justicia. Somos la “Cenicienta” de los poderes del Estado. El Ejecutivo y el Legislativo tiene prensa muy rápido y nosotros no. Nos critican por la inseguridad cuando sólo aplicamos la ley y la seguridad no es un resorte del Poder Judicial. Muchas veces se nos cuestiona porque los presos “entran por una puerta y salen por otra” pero en el fuero penal existe la presunción de la inocencia. La única manera de dictar una medida cautelar o de petición de prisión preventiva durante el proceso es cuando haya riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Si no la hay y los dejamos presos, incumplimos la ley. Los legisladores son bastante espasmódicos en lo que a legislación se refiere. Cuando hay una ola que dice que hay reprimir, vamos hacia esas leyes y cuando viene una ola garantista, se dictan leyes garantistas. Nosotros aplicamos la ley pero no las dictamos sino nos convertiríamos en legisladores y no es nuestra tarea.
-¿Hay recursos humano y jueces para atender casi a tres provincias?
-Esta jurisdicción está dotada de los medios casi necesarios para ejercer la función. Salvo Río Gallegos, que la Cámara lo subroga, el resto son jueces titulares. Gracias a gestiones que hemos realizado incorporamos medios informáticos y recursos humanos. No estamos en el mejor de los mundos pero tampoco nos podemos quejar demasiado. Por el momento podemos desarrollar la tarea bien, como corresponde.
-¿Por dónde pasan las principales causas que se manejan?
-Lamentablemente la mayor cantidad de causas son los estupefacientes. El 90 % de las causas que se tramitan en la justicia federal patagónica son por eso. Quizás no sean causas con gran cantidad o volumen pero sí son muchísimas. La trata también se incrementó pero la cantidad mayor de trabajo pasa por los estupefacientes.
-En algún momento se habló de la vinculación con con referentes de la política…
-Lo que hacemos es fallar las causas que tenemos a nuestra consideración. Se trate de políticos, empresarios, comerciantes o lo que sea. Es cierto que en algún caso haya tocado a algún funcionario político pero en lo que respecta a nuestro trabajo, eso no importa.
-¿Que evaluación hace del tan sonado caso del joven Santiago Maldonado?
-Los jueces tenemos una tarea muy linda. En mi caso es absolutamente una pasión, no podría hacer otra cosa que ésta pero tenemos una particularidad: con el 50% quedamos bien y con el 50 restante, en el mejor de los casos quedamos mal. Estamos sometidos necesariamente a presiones porque decidimos sobre vidas, libertad y patrimonio de las personas y de allí que si existiera presión, tenemos que sostenerla. Quien le habla jamás tuvo una presión que pudiera considerar como tal. Respecto al caso Maldonado, lo que hicimos es público y notorio. Ante un planteo de recusación ante el juez que tramitaba la causa, Otranto, resolvimos en los plazos previstos una recusación de la familia de Maldonado y la otra del Centro de Estudios Legales y Sociales como querellante. Hicimos lugar al planteo sólo y exclusivamente a raíz de unas declaraciones de Otranto en el diario La Nación dónde aventuraba alguna opinión. Más allá de sus valores consideramos que las partes podían ver afectada su imparcialidad. Lleral se hizo cargo de la causa y lo que hizo el Tribunal fue positivo ya que además requerimos a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura todos los elementos para que el nuevo juez pudiera trabajar. Más allá de la lamentable muerte de Maldonado creo que la causa está llegando a su fin.
-¿Cómo está la implementación del nuevo Código Procesal Penal en este momento?
-Esta jurisdicción y la de Salta se ofrecieron para hacer una experiencia piloto en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Rápidamente se organizaron cursos para todo el personal y los funcionarios porque la gente está acostumbrada a hacer otra cosa pero lamentablemente el Código sancionado ya, fue suspendido por alguna disposición del Legislativo. Sigue en el mismo estado y por el momento no tenemos absolutamente nada al respecto. Es un paso importante pero no debemos fallar. Tienen que brindarse todos los elementos estructurales, materiales y de recursos humanos para que este sistema no falle. Incluye capacitación, oficinas y material informático porque tenemos que atender también al “residual” ya que el Código iba a aplicarse en causas futuras y no en trámites en curso que son muchas.
-¿Cómo observa actualmente la relación con el Poder Ejecutivo del Poder Judicial?
-Debe existir una necesaria cooperación y tienen que conectarse de alguna manera. Si se requieren más jueces para la jurisdicción debe dictarse una ley, aportarse las partidas para esos cargos. Las instituciones las hacen las personas y depende de cada persona. El hombre es un animal político y quien no lo asume, miente. Se puede tener más o menos simpatía por uno o por otro pero nunca recibí presiones. Quizás lo intentaron pero hemos cumplido con el trabajo y sin jactancias personales, la jurisdicción funciona bien.
-¿Es lo mismo ser juez en esta zona patagónica que en cualquier otra parte del país?
-Hasta hace un tiempo, la gente podría pensar que un juez en Comodoro tenía más tranquilidad que en otros lados. Las pruebas están a la vista que no es así. Tuvimos causas enormes. Acá se lo procesó al por entonces jefe del Ejército; la causa Hotesur; Maldonado y lamentablemente la causa del submarino tiene radicación en Caleta Olivia, juzgado dependiente de esta Cámara. Acá los expedientes tienen “cara”. Sabemos a quiénes juzgamos, los vemos en la calle y sabemos a quién procesamos. Una particularidad interesante que no se da en otras ciudades.