El Código Procesal establece que los condenados deben abonar “las tasas de justicia”, los “honorarios de los abogados” y los “gastos de la causa”. Y Seguridad quiere que se haga efectivo.
El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, quieren que a partir de hoy sea los propios delincuentes de delitos complejos -narcotráficos, trata de personas y secuestros, entre otros, los que paguen los costos de las investigaciones y su captura.
Pese a que ya estaba en estudio, lo hizo oficial hoy a través de una resolución que se publica en el Boletín Oficial.
Allí se instruye a las fuerzas de seguridad Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria a “informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa”.
Esto será “a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso”, indica la resolución.
Diego Nazareno, director de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, y la ministra Bullrich se amparan en que el Código Procesal de la Nación establece desde su reforma de 1991 que los condenados deben “pagar las tasas de justicia”, los “honorarios de los abogados” y los “gastos de la causa”.
La reglamentación de Seguridad pretende que eso se haga efectivo en la Justicia, es decir que cuando un juez sentencie a un narco, por ejemplo, lo obligue a pagar los gastos de la investigación.