El problema más serio que tiene el país es su calidad educativa y el estado de situación de nuestra educación así lo demuestra.
Es difícil que los argentinos lo reconozcamos. No nos damos cuenta o no queremos hacerlo, pero el problema más serio que tiene el país es su calidad educativa. El estado de situación de nuestra educación así lo demuestra.
Repasemos a continuación tres puntos que resumen la situación referida: 1) los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar obligatoria (de 4 a 17 años) que concurren hoy a escuelas argentinas no aprenden lo que debieran (desde hace más de una década, la mayoría de los menores no termina la educación obligatoria señalada y, de entre aquellos de 15 años que sí están en el aula, más del 50% no comprende lo que lee); 2) las últimas evaluaciones nacionales APRENDER 2016 indican que cerca de un 70% de los alumnos del último año del secundario no puede resolver un ejercicio simple de Matemáticas; 3) la Argentina padece de una vergonzosa desigualdad educativa: dependiendo del lugar de nacimiento y de residencia, nuestro país tiene diferentes resultados educativos, lo cual quiere decir que si a un niño le tocó en suerte nacer e ir a la escuela en Catamarca o en Santiago del Estero, obtendrá una educación de calidad netamente inferior que aquel que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Córdoba (así lo indican los resultados promedio de las pruebas APRENDER 2016 de las jurisdicciones referidas).
Este es, a grandes rasgos, el estado de situación. Pero lo asombroso es que este enorme problema que tenemos los argentinos no distingue de clases sociales (pese a que no lo percibimos): los logros promedio de las escuelas de nivel socioeducativo alto del país alcanzan el logro promedio de las peores del mundo desarrollado, según se desprende de los resultados de los exámenes PISA. Pues bien, pese a estos datos, la sociedad civil argentina no se conmueve. No lo percibimos. Los chicos que abandonan la escuela y mueren asesinados por salir a robar armados (y drogados) no son vistos como víctimas de la mala educación. Se identifica el efecto, la inseguridad, pero no su causa, la tragedia educativa. Preferimos engañarnos. Es conocida la encuesta realizada entre padres argentinos que responden que la educación de sus hijos está muy bien, pero que la educación en el país está muy mal.
De alguna manera, esta respuesta sintetiza la posición de los diferentes actores del sistema: familias, alumnos, docentes, sindicatos y Estado: “el problema no es nuestro, es de otros”. El Estado responsabiliza al sindicato, el sindicato al Estado, los docentes a los padres, los alumnos al sistema y, así sucesivamente, nos enfrentamos a una serie de argumentaciones cruzadas que nos conducen al laberinto del engaño. Si a esto le sumamos que el año 2017 nos deja una serie de huelgas docentes en provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, en Chaco y en otras jurisdicciones del país, que significaron la pérdida de muchos días de clase; que un intento de reforma del secundario en Ciudad de Buenos Aires motivó la toma de varias y diferentes escuelas públicas por más de 30 días por parte de los alumnos; y que el planteo de una evaluación de los estudiantes de los institutos de formación docente hizo reaccionar a los sindicatos manifestando su oposición, la tensión existente entre los distintos actores del sistema es alta. Visto este panorama, proponemos dos puntos que debieran ser encarados en 2018, porque la situación reclama acciones urgentes:
1. En primer lugar, debe reconocerse el problema y no minimizarlo. Abstrayéndonos por ahora de las causas, es importante que asumamos que estamos en “emergencia educativa”, tal como establece el art. 110 de la Ley 26.206: el riesgo de no educar ya pasó de ser un riesgo para convertirse en realidad, y la Ley de Educación Nacional que, desde hace más de una década, garantiza “las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren los aprendizajes comunes de buena calidad independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural” no se cumple (entre otras muchas que tampoco se cumplen). Asumir esta dura realidad es una obligación moral. Negarla es contribuir al engaño.
2. En segundo lugar, debemos hacer todos los intentos, todos, para acordar los pasos concretos que deben recorrerse cuanto antes para salir de esta situación (y que la misma no se agrave). Llegó el momento de grandeza patriótica. No es posible que las posiciones extremas impidan trabajar juntos a representantes de los sindicatos, de los gobiernos respectivos, del mundo académico y político, y de organizaciones sociales y de padres, en pos de la mejora de la escuela pública. Mucho más importante que las diferencias es el futuro de la Nación. El tema requiere de un esfuerzo sublime de todos por escuchar y comprender las distintas propuestas y superar las diferencias en un Pacto Nacional, en este caso educativo que, así como en 1983 puso en el centro a la democracia, ahora dé prioridad a la educación. Es que debemos entender que es la base de la República. Es por eso que reunir a estos representantes (por una semana o por los días que fueren menester) en algún lugar del interior de nuestro país a trabajar exclusivamente en un acuerdo, debiera resultar en un acto de madurez y responsabilidad de los adultos hacia el principal desafío que tenemos como Nación: unirnos en pos de la mejora educativa nacional. Sin esta base, será muy difícil imprimir la contundencia y la fuerza transformadora que la cuestión supone.