Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, dijo que hay que cruzar datos con los organismos de control.bEl fiscal jefe Pablo Vignaroli se reunirá en los próximos días con autoridades de la Unidad de Información Financiera de la Procuraduría.
La fiscalía provincial anunció ayer que abrirá una investigación preliminar luego de que el diario El País publicara que la Banca privada de Andorra le negó hace diez años al exgobernador, Jorge Sapag, ingresar cinco millones de dólares porque sospechaba que el dinero provenía de sobornos. ¿Cuáles son las medidas que deben adoptarse en un caso como este? Para Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, además de exhortar a la entidad a que informe en detalle sobre el intento de apertura de las cuentas es imperioso cruzar los datos de los organismos de control, como AFIP y Banco Central, para trazar la ruta de los fondos.
“Es necesario ir rápido a buscar esa plata”, aseguró el especialista.
“He decidido presentarme ante la justicia para que se investiguen los hechos mencionados”, dijo Sapag en el comunicado divulgado el viernes pasado. El fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli, a cargo del caso, se reunirá en los próximos días con autoridades de la Unidad de Información Financiera y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos para coordinar el intercambio de información.
“Son causas que duran mucho tiempo y una de las formas más comunes de término es que prescriben. Los estudios que hemos hecho nos dio que duran, en promedio, arriba de la década, no generalmente para llegar a un condena, sino para una prescripción”, sostuvo Carrara.
Para esto habrá que ver si el caso tramita en la justicia provincial o pasa al fuero federal. El exministro Guillermo Coco, que en la denuncia del diario aparece como beneficiario de la cuenta de Sapag, fue investigado en la “causa Alejandría” y logró el sobreseimiento en 2016.
“Lo que tiene que hacer la fiscalía es implementar una política de recupero de activos: nosotros tenemos plata que es la ganancia que viene de un delito y vamos a querer, en última instancia, recuperarlo. Lo primero que tenemos que hacer es ir siguiendo dónde está. El primer paso que se suele hacer es lo que se llama investigación patrimonial que es identificar y localizar cuáles son los bienes que están en juego acá”, planteó Carrara.
Indicó que si el delito precedente al lavado es el cohecho podría investigarse la responsabilidad de los empresarios en las maniobras.
El dato
10 años es lo que en promedio dura una investigación de este tipo de delitos con pocas chances para el juzgamiento.
Martínez amplió denuncia por el bono a 100 años
El diputado nacional Dario Martínez (Frente para la Victoria) amplió la denuncia que presentó contra el ministro de Finanzas Luis Caputo por los bonos a 100 años. En esta extensión, se solicita que se incorpore un documento de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos que comprobaría que entre agosto del 2009 y julio del 2015, el ministro habría sido el principal accionista de Princess International Group, una sociedad radicada en las islas Caimán. Esta intervención en los negocios financieros no figura en su declaración jurada al momento de asumir como funcionario.
La denuncia original de Martínez fue hecha junto con su par Rodolfo Tailhade. Surgió tras una nota publicad en el diario “Perfil” con información de los “Paradise Papers”.
La denuncia de los legisladores es amplia e involucra a una serie de sociedades que operan en paraísos fiscales . Piden que se investigue la participación del funcionario del gobierno de Mauricio Macri como accionista en sociedades off shore y, en particular, determinar si Caputo tenía participación en los fondos de inversión denominado “Noctua” de las Islas Caimán. Este fondo está entre los que suscribieron el llamado bono de los 100 años que el mismo gobierno emitió para financiar déficit.