Las autoridades además han señalado que se encuentra una investigación en curso para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
El Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, confirmó que al menos 68 personas fallecieron en un incendio en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país, donde estalló un motín durante la madrugada de este jueves 29 de marzo.
“El Ministerio Público informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas, hemos designado 4 fiscales para esclarecer estos dramáticos hechos”, dijo Saab en Twitter.
Las autoridades venezolanas iniciaron una investigación horas antes para esclarecer las causas del motín. Las primeras versiones señalaron que cinco presos murieron víctima de quemaduras y asfixia, aunque luego trascendió en los medios que se trataría de aproximadamente 70 personas. Debido a esta información las autoridades venezolanas debieron confirmar la cifra de muertos.
El incidente ocurrió después que varios detenidos tomaran de rehén a uno de los guardianes, luego habrían provocado un incendio que se salió de control. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, señaló en su cuenta de Twitter que lamentaba lo ocurrido en la comandancia de la policía regional.
Después del motín, varias decenas de familiares permanecieron esperando frente a la comandancia policial para recibir información de los presos que se encontraban en el lugar, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la veintena de efectivos de Policarabobo que resguardaban la comisaría.
“Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos. Estamos al lado de familiares en su dolor y necesidades”, señaló Lacava.
Los calabozos de la comandancia de la policía de Carabobo son usados como cárcel provisional, desde donde muchos detenidos son llevados a los tribunales para recibir sus sentencias, un problema que ya ha sido denunciado por organizaciones sociales en Venezuela.