El Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, indicó que el gobierno provincial no ha cumplido con las actualizaciones del convenio firmado en 2016 para la construcción de viviendas: “pasó el tiempo y nunca hubo actualización hasta el día de la fecha”. 
Desde el Sindicato de Luz y Fuerza realizaron una solicitada dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal indicando que la vivienda es un derecho constitucional y su Secretario General José Rigane, explicó los motivos de esa decisión en la 99.9.
“El Instituto de la Vivienda ha tenido un accionar errático, no ha estado a la altura. Firmamos un convenio para llevar adelante 54 viviendas sociales de 60 metros cuadrados y cuando lo hicimos, en julio de 2016, era a un valor del metro cuadrado de septiembre de 2015 bajo la promesa de que sería actualizado”, dijo inicialmente.
Los problemas comenzaron cuando el gobierno provincial nunca actualizó esos valores dejando una situación compleja para los trabajadores: “el gobierno anterior no había hecho nada para facilitar la firma de ese convenio y por eso aceptamos hacer el esfuerzo. Pasó el tiempo y nunca hubo actualización hasta el día de la fecha. Además, todas las certificaciones que se fueron haciendo en el desarrollo de las viviendas, se respondieron pasados 90 días después. Con todo el proceso inflacionario, es imposible hoy llevar adelante esta construcción”, agregó.
Si bien trataron de esperar buscando que el gobierno reaccione, nunca sucedió y cansados de la situación, decidieron publicarlo: “hicimos pública esta situación cansados de esperar. La gente cree que es un problema que radica en nosotros, pero sólo llevamos adelante la gestión para que las cosas lleguen al final que corresponde”, aclaró Rigane.
Lo que esperan ahora es que exista algún tipo de modificación por parte del Instituto de la Vivienda sabiendo que hay mayores repercusiones socialmente con esta decisión: “afecta no sólo la aspiración de la gente de tener su vivienda, sino también puestos de trabajo de quienes las construyen e incluso en las empresas que intervienen. Hay una repercusión que impacta en todo sentido en Mar del Plata”, concluyó.