Desde la elección en 2015, la estructura de poder de la Gobernación inició una campaña sistemática de bullying sobre la administración local. Primero fue sobre la ineficiencia que argüían mostraba la gestión, comparada con el expertise que portaba el Gobierno provincial, nutrido de la impronta de 8 años de gestión en CABA. La naturaleza misma de la coalición con Carlos Fernando Arroyo al frente complicó todo desde el comienzo. Que Arroyo era antiguo porque no usaba celular; que su hijo, que su yerno, que los funcionarios —caso Educación, o Cultura—. El postre era el mal manejo de la paritaria con el gremio municipal, al que se le había otorgado un aumento que, por lejos, era el más alto de la provincia. Todo era pecado, magnificado convenientemente por la cadena de la mafia digital más los medios del anciano coruñés.
Dos veces el poder desde La Plata buscó crear la figura del interventor, que auxiliaría a estos pobres penitentes locales sin capacidad para llevar los destinos de la ciudad. Primero con Agustín Cinto, un niño de familia bien que vendía eficiencia metropolitana manejando el sistema de la red de innovación local conocido por su acrónimo RIL. El RIL pasó, nada cambió, y Cinto se refugió en un comodísimo cargo en el Consejo de la Magistratura, en donde se da placeres palaciegos por cuenta y orden del presupuesto público. Luego aterrizó en Mar del Plata el ministro de Gobierno provincial Joaquín de la Torre, peronista del Conurbano que intrusó Cambiemos con la pequeña estructura vividora del presupuesto público que lidera Lucas Fiorini, quien hoy goza de una oportuna senaduría provincial.
Los eventos de Moreno, que se llevaron la vida de una docente directiva de escuela amada por alumnos y la barriada de esa localidad, y los cruces por el abastecimiento de comedores escolares, hablan a las claras de que pintarse de amarillo no cambia una cultura política que implica ir por todo de cualquier modo. En esta curiosa situación política que implica tensión permanente al interior de la alianza y del propio numen de la misma, el PRO, los progresos de la administración local llevan a buscar otros temas para acentuar el bullying político a Arroyo. General Pueyrredón pagó los salarios de julio el día 1 de agosto con recursos propios; aguantó la presión de La Plata hasta que finalmente el Gobierno provincial envió una partida de 150 millones para financiar la puesta en marcha del contrato con el CEAMSE, que la administración local había puesto como condición para firmar el contrato.
El bullying ahora viene por el lado de hacer aspavientos porque Arroyo, al señalar que no aportó dinero a la campaña, habría nacionalizado el tema y complicado a Vidal, se sostiene. Curioso que quienes predican la virtud de la transparencia pretendan penalizar la verdad. Oxímoron político de los mejores de los últimos tiempos.