La empresa postal ligada a Hugo Moyano ocultó bienes y omitió información, según denunció el ente recaudador.
El juez en lo comercial Pablo Tejada dispuso la intervención de la empresa OCA tras un pedido de la AFIP, por ocultamiento de bienes y de información. Con esta decisión, el magistrado desplazó a las autoridades de la compañía postal y designó a un interventor administrador judicial de la firma concursada, hasta marzo de 2019.
El presidente de OCA, Patricio Farcuh, está vinculado a Hugo y Pablo Moyano a partir de millonarias operaciones con el sindicato de Camioneros. La deuda actual de la compañía con la AFIP supera los $ 5 mil millones, y el propio Farcuh está procesado y embargado por $ 400 millones por no pagar aportes de los trabajadores. OCA es la empresa postal privada más grande de todo el país: tiene 7 mil empleados, de los cuales 6.300 estarían afiliados al gremio de los Moyano.
El juez decretó como medida cautelar la designación de un interventor administrador judicial de la empresa concursada, hasta marzo de 2019. Hasta que asuma el interventor, la compañía estará administrada por los síndicos designados en el concurso de acreedores.
Según la AFIP, “la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores”. A principios de mes, el organismo recaudador había denunciado a Farcuh por el vaciamiento de su empresa, después de haber verificado maniobras para desviar sumar millonarias de la compañía entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la empresa.
La denuncia fue una ampliación de una previa realizada en 2017 por insolvencia fiscal fraudulenta, que se había radicado en el Juzgado en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart. En esa presentación se advirtió que el acusado contrató “diversos proveedores apócrifos y no vinculados” al giro comercial de OCA.
Entre otras irregularidades se determinó que hubo compra millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio Farcuh, como la adquisición de motos de alta gama, relojes exclusivos, vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, y servicios y bienes del exterior. También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por “montos ubicados por encima del valor del mercado”.
Todas estas anomalías derivaron en una evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que generó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.