The New York Times rastreó cómo una red de funcionarios y políticos vinculados al partido del presidente Vladimir Putin llevó a cabo una campaña para llevarse a niños ucranianos de Jersón.
El 24 de febrero de 2022, cuando se dio la noticia de la invasión de Rusia en Ucrania, Natalia Lukina esperaba un taxi en su casa.
Eran las seis de la mañana y no podía esperar para llegar a su trabajo en el Hogar Infantil de Jersón, una institución de acogida administrada por el Estado donde atendía a niños institucionalizados con necesidades especiales.
Cuando llegó, ya retumbaba por los pasillos el sonido ensordecedor de la artillería pesada del ejército ruso en su ataque a la ciudad de Jersón, la capital de la región. Lukina y sus compañeros encargados de cuidar a los niños tenían un problema desgarrador: debían encontrar la manera de proteger a las decenas de menores vulnerables.
Eran bebés y niños pequeños, algunos de ellos con discapacidades graves como parálisis cerebral. Algunos todavía tenían padres con ciertos derechos de custodia sobre ellos, mientras que otros habían sido abandonados o los sacaron de hogares con dificultades.
“¿Quién más se iba a quedar a cuidarlos?”, reflexionó Lukina sobre su decisión de quedarse con ellos. “¿Qué habría pasado si todos les hubiéramos dado la espalda y nos hubiéramos ido?”.
Pero el edificio no estaba equipado para resistir tiroteos o bombardeos, y la policía ya se había ido de la ciudad. Korniyenko buscó en internet un mapa de refugios antiaéreos cercanos y encontró uno al que podían llegar a pie.
Entre los disparos, el personal trasladó a los niños con sus colchones, a pie y con carriolas, hasta un sótano de concreto. Llevaban comida, medicinas, bombas eléctricas y sondas de alimentación para los niños más enfermos.
Ese mismo día, un pastor local se enteró de sus dificultades y ofreció recibir a los niños en su iglesia. Entonces, el personal del hogar de acogida volvió a trasladar a los niños, apresurándose a refugiarlos en el sótano de la iglesia de Holhofa.
Una enfermera, Kateryna Sirodchuk, comentó que temían que las fuerzas rusas se llevaran a los niños.
Y sus temores pronto se convirtieron en realidad: el 25 de abril de 2022, un grupo de oficiales rusos encontró a los niños y decidió llevárselos. Terminaron a unos 290 kilómetros de casa.
Las pruebas muestran que el traslado formó parte de una campaña sistemática del presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados políticos, con la meta de despojar a las víctimas más vulnerables de la guerra de su identidad ucraniana. The New York Times analizó publicaciones en las redes sociales rusas; obtuvo fotografías, videos, mensajes de texto y documentos, y entrevistó a más de 110 cuidadores, expertos legales y funcionarios rusos y ucranianos con el fin de rastrear la vida y los movimientos de los niños que los rusos se llevaron.
En opinión de los expertos, lo que les ocurrió después podría constituir un crimen de guerra.
Dos semanas después del inicio de la invasión, la comisionada de Rusia para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, estaba sentada frente a Putin en una reunión televisada en la que le pedía su ayuda.
La comisionada quería reubicar a los niños ucranianos que se encontraban en instalaciones de cuidados infantiles que quedaron atrapadas en el fuego cruzado de la guerra. Putin prometió eliminar los trámites burocráticos para que pudieran ubicarlos de manera permanente con familias rusas.
Durante semanas, funcionarios y policías ucranianos se habían esforzado para encontrar alguna manera de evacuar a los niños de la iglesia de Holhofa, que para ese entonces ya era territorio ocupado.
En abril, un comisionado ucraniano prometió, en una publicación de Telegram, ayudar a rescatarlos.
Unas horas después, hombres armados al mando de un oficial ruso que se hacía llamar Navigator se presentaron en la iglesia y exigieron que los niños regresaran al Hogar Infantil de Jersón. Cámaras de un medio de propaganda con oficinas en Crimea filmaron su llegada, y la noticia que se dio en relación con el incidente fue que las autoridades ucranianas habían secuestrado a los niños.
El pastor protestó e indicó que los niños estaban más seguros en su sótano. Sin embargo, los cuidadores no tuvieron más remedio que obedecer las órdenes y llevar a los niños de regreso al hogar en Jersón, donde las fuerzas de ocupación tenían mayor control.
Para la primavera de 2022, la ocupación de Jersón se había convertido en el modelo de la asimilación forzada de una ciudad ucraniana y sus residentes. Se designó un nuevo gobierno de ocupación, y frente al hogar de acogida se izó una bandera rusa.
Durante los siguientes meses, funcionarios rusos documentaron a través de sus populares canales de Telegram las acciones que estaban realizando para ayudar a los niños.
Navigator, el hombre que ordenó sacar a los niños de la iglesia, visitó el hogar en varias ocasiones. Más tarde, se le identificó como Igor Kastyukevich, miembro del Parlamento ruso perteneciente a Rusia Unida, el partido político de Putin.
En mayo de ese año, Putin cumplió la promesa que le había hecho a Lvova-Belova y emitió un decreto presidencial que flexibilizó los requisitos para obtener la ciudadanía: en Jersón y otras regiones ocupadas, los cuidadores ucranianos podrían solicitar la nacionalidad rusa a nombre de niños y huérfanos ucranianos.
El decreto también aceleró el proceso y los niños podrían convertirse en ciudadanos rusos en un plazo máximo de 90 días.
Al mes siguiente, a Korniyenko se le ordenó presentarse ante el Ministerio de Salud de Jersón, que ahora era operado por las autoridades de la ocupación. Un oficial respaldado por los rusos le pidió que permaneciera en su cargo de directora, pero bajo su supervisión.
Korniyenko se negó.
Lukina también renunció.
En busca de un nuevo director, las autoridades de ocupación le ofrecieron el cargo a Tetiana Zavalska, pediatra del hogar de acogida. Esa médica apoyaba a la nueva administración y dejó clara su ideología prorrusa.
Zavalska alentó a las autoridades de la ocupación a registrar formalmente el hogar de acogida. Ese mismo mes, quedó registrado.
Ese agosto, la cadena de televisión estatal rusa RT difundió un segmento que celebraba la ocupación de Jersón en el que incluyó al hogar, que ahora consideraban una institución legal.
Cuando Putin se anexó ilícitamente Jersón y otras tres regiones, las fuerzas ucranianas arrancaron una campaña militar para recuperar la ciudad.
Los oficiales rusos idearon un plan para los niños del hogar de acogida. A través de un chat en línea privado para estudiantes de Medicina, las autoridades de salubridad de Crimea —ocupada por Rusia— reclutaron la ayuda de voluntarios para trasladarlos.
Natalia Kibkalo, una de las enfermeras, acababa de acostar a unos 12 niños que tenían COVID-19 cuando escuchó la noticia: planeaban llevarse a los niños por la mañana.
Al día siguiente, el 21 de octubre, les cambió los pañales a los niños y les dio de comer. Sin embargo, no pudo soportar la idea de ayudar a prepararlos para su partida, así que tomó un taxi a casa.
Aproximadamente a las ocho de la mañana, llegaron ambulancias y autobuses blancos al hogar.
Entre las personas que llegaron estaban Kastyukevich, conocido como Navigator, así como el entonces ministro de Salud de Crimea, el subministro, los estudiantes voluntarios y varios administradores de otro hogar de acogida que más tarde se convirtieron en los nuevos cuidadores de los niños.
Zavalska reunió los documentos legales personales y el historial médico de los niños.
Frente al hogar, Kastyukevich cargó a un niño, le dio un beso y se lo entregó a otra persona en una fila; luego, hizo lo mismo con el siguiente cuyo nombre se anunció en voz alta, hasta que se leyeron los nombres de los 46 niños. Después, los llevaron a los autobuses y las ambulancias que los esperaban.
El convoy abandonó el hogar más tarde esa mañana. Para la tarde, ya estaban en su destino.
Al menos una pareja de padres afirmó haberse enterado de que sus hijos estaban en Crimea solo hasta que unos periodistas del Times los visitaron en Jersón seis meses después, aunque constaba en documentos que los funcionarios rusos tenían su nombre y dirección.
El Estado había asumido la custodia de sus hijos, Mykola, que tenía autismo, y Anastasiya Volodin, que sufría parálisis cerebral, hace varios años, tras determinar que la pareja no podía cuidarlos. Los tribunales ucranianos todavía no emitían ningún fallo con respecto a sus derechos parentales.
“No voy a permitir que nadie los adopte”, afirmó su padre, Roman Volodin.
En invierno de 2022, los nuevos cuidadores, junto con Zavalska, la tutora legal designada, tomaron medidas para integrar formalmente a los niños a la sociedad rusa, aunque algunos de ellos tenían padres biológicos en Ucrania que aún tenían derechos legales o de los cuales tenían conocimiento las autoridades rusas.
Primero, los cuidadores solicitaron actas de nacimiento rusas para los niños y tradujeron su nombre al ruso.
Los cuidadores solicitaron números de seguro social en Rusia para los niños porque, según dijeron, era un requisito para que los niños recibieran servicios médicos.
Algunos funcionarios designados por Rusia revelaron por accidente los documentos nuevos en una publicación de Telegram.
Finalmente, los niños recibieron la nacionalidad rusa, el último paso necesario para que pudieran ser puestos en adopción y encontraran un lugar permanente con familias rusas.
Según varios expertos legales, los documentos nuevos revelan que las autoridades rusas tenían la intención de quitarles a los niños su identidad ucraniana, en contravención de la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso podría constituir un crimen de guerra.
En el aniversario de la guerra, los dos funcionarios de Crimea que ayudaron a orquestar el traslado de los niños de Jersón recibieron premios estatales de Putin.
Sin embargo, al día siguiente, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, por el “traslado ilegal” de “por lo menos cientos de niños” de orfanatos y hogares de acogida en toda Ucrania.
Siete de los niños del Hogar Infantil de Jersón ya regresaron a Ucrania con ayuda de las autoridades ucranianas y terceros mediadores cataríes. Entre los niños que regresaron están Anastasiya y Mykola Volodin, cuya madre viajó en febrero a Moscú para recuperarlos.
Anastasiya murió al poco tiempo en un hospital ucraniano, unas semanas después de cumplir 6 años. Un médico identificó la causa de su muerte como una convulsión epiléptica. Las autoridades ucranianas se encargan de nuevo del cuidado de Mykola, en tanto un tribunal determina si sus padres pueden ser sus tutores legales.
Por ahora, los demás niños de Jersón continúan bajo la custodia de Rusia.