La ferroviaria bonaerense cancela servicios de pasajeros y le alquila locomotoras y vagones a la constructora de López y a Ferroexpreso Pampeano.
Envuelta en un marcado deterioro provocado por la falta de inversiones y la cancelación de servicios, Ferrobaires –-la ferroviaria estatal bonaerense que desde principios de año está bajo el mando del Coronel de Caballería, Fernando Dotti—ha quedado ahora en la mira por una llamativa movida comercial que promete salpicar políticamente a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Mientras la Nación y el gobierno porteño redoblan la avanzada judicial contra los negocios de Cristóbal López, la administración bonaerense salió a darle una mano a CPC, la constructora del empresario K., con un ventajoso contrato de alquiler de locomotoras y vagones de cargas que se utilizarán para las obras de renovación de vías del ramal a Mar del Plata.
A ese curioso contrato se sumó otro similar con Ferroexpreso Pampeano—la ferroviaria de cargas del grupo Techint—, por el cual Ferrobaires le cedió seis vagones tolva y tres locomotoras que tenía afectadas a la corrida de servicios de pasajeros.
Concretados a mediados de mayo, los polémicos convenios de alquiler de material tractivo y rodante tienen una duración que va desde un período inicial de siete meses hasta un máximo de tres años.
Además de reducir drásticamente el limitado parque de locomotoras que tiene disponible, los contratos condicionan fuertemente a la empresa provincial porque no le deja posibilidad alguna de reclamar una devolución anticipada de las máquinas en caso de que quiera incrementar en los próximos meses su oferta de trenes de pasajeros.
En los últimos doce meses, Ferrobaires dio de baja los trenes de pasajeros a Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Bolívar, Daireaux, Carmen de Patagones, Bragado, Pehuajó y Lincoln.
Y actualmente, solo mantiene en pie los servicios a 25 de Mayo, Bahía Blanca, Tandil, Vela, Junín y Alberdi.
A diferencia de que lo que sucedió en la mayoría de los entes y empresas estatales donde el macrismo puso al frente a CEOs y gerentes provenientes de compañías privadas; en Ferrobaires, el ministro de Infraestructura de la provincia, Edgado Cenzón decidió nombrar una atípica cúpula jerárquica integrada por ex militares y un subcomisario de la Bonaerense.
Al frente de la empresa fue designado el Coronel de Caballería, Fernando Dotti. Retirado del Ejército en 2004, Dotti es además Licenciado en “Organización y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra” y antes de asumir admitió que, si bien viaja diariamente en el tren de la línea San Martín, no conoce casi nada del modo de transporte ferroviario.
Junto con él desembarcaron en la empresa el coronel retirado Federico Luis Mourglier –que quedó a cargo de la cabecera de Mar del Plata—y coronel Juan Carlos Bertolini, ex jefe de prensa del Ejército en la época de Martín Balza y Ricardo Brinzoni que ahora controla las áreas de Intendencia y Colaterales.
En tanto, el área de Seguridad de la empresa quedó bajo el manejo del subcomisario Daniel Eduardo Álvarez, quien en las últimas elecciones internas fue candidato a concejal por una lista de Cambiemos en San Miguel e integró el listado de aportantes a la campaña “Macri Presidente” con una contribución de 32.000 pesos.
Los únicos “civiles” que aterrizaron con Dotti fueron el Jefe de Recursos Humanos, Ricardo Burgos (con antecedentes laborales en hoteles y resort de EE.UU.) y el asesor Marcelo Aricchio, ex gerente de Organización de Telecom en la década del 90.
El tren de Cristóbal López
El contrato de alquiler que beneficia a Cristóbal López fue firmado el 12 de mayo entre Ferrobaires y la UTE que encabeza CPC Ingeniería e Infraestructura.
Comprende la cesión hasta fin de año del siguiente parque tractivo y rodante: una locomotora, un locotractor, un vagón refrigerado, tres vagones porta-tanque, cuatro chatas rieleras y nueve vagones tolva hoppers.
Los equipos fueron transferidos a cambio de un canon total de 4.256.000 pesos más IVA y para ser usados en las obras de renovación de vías que la empresa constructora lleva adelante entre los kilómetros 199 y 235 del ramal que une Plaza Constitución con Mar del Plata.
Curiosamente el acuerdo se firmó sin haberle exigido a CPC que cancele una deuda de casi 2.400.000 pesos que tendría pendiente con Ferrobaires por el alquiler de equipos que se había concretado en 2014 y principios de 2015.
Además de ir a contramano de la ofensiva contra Cristóbal López que impulsan los gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta, el polémico convenio de alquiler tiene otro protagonista llamativo.
Se trata del grupo marplatense Solanas, que es socio de CPC en la obra de vías y que ha sido el fabricante de los durmientes de hormigón defectuosos que no resistieron el paso de los trenes en el ramal atlántico.
Solanas—por medio de la empresa Dhasa—fue el proveedor de la mayor parte de los nuevos durmientes de la vía Mar del Plata que terminaron quebrados al medio cuando comenzaron a circular las formaciones de pasajeros.
Por este problema—que aún no fue solucionado por la ADIF, empresa estatal que licitó la obra y que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich –y avería que sufrió el puente ferroviario sobre el río Salado, desde agosto del año pasado dejaron de correr los trenes de pasajeros a la costa atlántica.
En el caso de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), el acuerdo abarca tres locomotoras diésel eléctricas y seis vagones de carga tipo tolva. La vigencia del alquiler es de un año con una opción de renovación automática a opción de la operadora privada de dos años más.
Los valores de los alquileres de las locomotoras oscilan entre los 180.000 y 225.000 pesos más IVA mensuales, mientras que por el lote de vagones se fijó un precio total de 95.000 pesos más IVA por mes.
Según los términos contractuales, FEPSA proveerá un paquete de repuestos que necesitan las locomotoras por un valor de 1.200.000 pesos que luego serán descontados de los alquileres en cuotas de 100.000 pesos mensuales.
Además, la empresa provincial se comprometió ampliar el convenio con la cesión de otras locomotoras que serían desafectadas de su flota operativa en un plazo de 90 días.
Esta posibilidad deja entrever que, lejos de frenarse, el levantamiento de servicios seguirá profundizándose y que las localidades y pueblos del interior de la provincia tendrán cada vez menos trenes de pasajeros.