El gobernador Daniel Scioli lanzó el más agresivo plan contra la inseguridad que haya anunciado desde que ejerce sus funciones. No por los anuncios, que aunque novedosos, deberán mostrar operatividad. Sino por el momento y las circunstancias en que se presenta.
La sociedad ha llegado a un punto complejo en su relación con el problema. La aparición de la justicia por mano propia es hija de la sensación de “Estado ausente” que desde hace tiempo sentimos y criticamos.
Y mientras la dirigencia se enfrasca en debates estériles que solo sirven para tapar con palabras una realidad cada vez más agresiva, el hombre común vive inventando estrategias personales para ponerse al margen del peligro constante.
Rejas en las casas, armas, organización de los horarios familiares, postas con vecinos, planes especiales para ingresar en el garaje, alarmas, perros y otras tantas prevenciones se han convertido en cosa de todos los días. Y nos han puesto en un estado de guerra que no queremos y que a veces ni siquiera presentimos en toda su magnitud.
Por eso la apuesta de Scioli adquiere una proyección tan especial. Sabe que un fracaso en la acción terminará por llevarse puesta su intención de llegar a la más alta magistratura del país. Pero era obvio que si no demostraba capacidad para enfrentar este flagelo, aquellas aspiraciones también iban a ser arrastradas por la corriente del enojo popular.
Las medidas anunciadas, si es que logran implementarse equilibradamente, representan el primer plan en serio que alumbra en todos estos años. La emergencia, sumada al estado de deliberación permanente del Consejo de Seguridad; la convocatoria a la Legislatura para que apure las leyes que hacen a la cuestión, y que en muchos casos duermen el sueño de los justos; plantear el debate acerca de la participación de los menores en el delito; la fuerte inversión anunciada en equipamiento y, sobre todo, la convocatoria a cinco mil efectivos retirados de la fuerza policial de la provincia. Todas son, en sí mismas, cuestiones que muestran la voluntad de atacar el delito desde diferentes ángulos.
Quedan muchos aspectos que resolver, y es allí donde se verá si se trata de más marketing o de un plan elaborado con todas las características que ello requiere.
Las formas que tomará el aporte del Banco Provincia -algo que tiene sus bemoles-, el criterio de selección del personal retirado de la fuerza policial o la velocidad con que se cumpla la promesa del reequipamiento, la firmeza para exigir a los legisladores del FPV que traten y aprueben los proyectos enviados por el Ejecutivo vinculados a estos anuncios, todo ello servirá para que en pocas semanas la gente se de cuenta de la seriedad de lo prometido.
Porque la delincuencia no va a quedarse esperando, y hasta muy posiblemente ni se entere del nuevo plan. Y ello es garantía de que en cualquier momento surgirá alguno de esos casos que impactan en la opinión pública; a la vez que el delito “cotidiano” va a seguir avisándonos que, al menos por ahora, estamos en un serio problema, al que llegamos tras muchos años de promesas y muy pocas concreciones.
Ahora, hay que poner en marcha los anuncios. Deberá contarse para ello con la colaboración del Gobierno nacional, que tiene que abandonar la costumbre perversa de poner palos en las ruedas del Gobernador, máxime cuando de un tema tan delicado se trata.
Las dificultades no parecen ser pocas: no está claro cuál será el encuadre legal del aporte del Banco Provincia que, en principio, y por su propia Carta Orgánica, estaría incursionando en terrenos que le están vedados. Tal vez por eso la propia Silvina Batakis, ministro de Economía de la Provincia, se apuró a aclarar que la compra de patrulleros se hará por un decreto aparte que nada tiene que ver con el de la emergencia.
También deberá encuadrarse la convocatoria a retirados de la fuerza policial, algo que hoy surge como imprescindible pero que nadie sabe a ciencia cierta bajo qué régimen legal y con qué criterio de selección será llevado adelante.
Todo ello sin contar que el proceso licitatorio para la construcción de cárceles y alcaldías -algo que no puede incluirse en el concepto de emergencia tal cual lo plantea la ley- llevará un tiempo prudencial que, sumado al de construcción, lleva la concreción del emprendimiento a un tiempo que oscilará entre los dos años y los dos años y medio.
De hecho, lo único que podrá encararse por compra directa será lo que tiene que ver con uniformes, armas y poco más.
Muy posiblemente Scioli ha concluido que llegó el momento de que caigan las caretas y, al poner toda la carne en el asador, esté anunciando al kirchnerismo que si no se sube a la lucha contra la delincuencia en el distrito quedará en evidencia frente a la sociedad.
El creciente enojo ciudadano, que afectaba directamente a Scioli en la misma medida en que beneficiaba a Sergio Massa, puede haber sido el disparador que necesitaba el Mandatario provincial para darse cuenta de que “el tiempo es hoy” y que ya no sirve la prudencia cuando es percibida como tibieza o especulación personal.
Ponerse al frente del clamor de los bonaerenses y salir a combatir la inseguridad de frente y sin desmayo es el más contundente mensaje para todos los habitantes de un país que en todos sus distritos se ve avasallado por el flagelo. Y, tal vez, el mejor mensaje publicitario de cara a los comicios del 2015.
Hay un plan, hay un objetivo. Y por fin parece alumbrar un liderazgo más cercano a las preocupaciones de la gente que a las ambiciones personales.
Scioli se juega su futuro; nosotros, la vida, que cada día vale menos en las calles de la provincia.
Motivos suficientes como para abrir una ventana a la expectativa y esperar, como diría Perón, que los melones se acomoden con la marcha.