Estaba acusado de la muerte de un menor de 4 años y lesiones a una chica de 5; el debate fue inédito porque se enfocó en la responsabilidad del agricultor en el uso de un plaguicida.
Las hermanas Arévalo compartían unos mates bajo la sombra de un gomero a orillas del Paraná. Es el fondo del terreno familiar, donde se erigen una decena de casas, algunas de material y otras de machimbre, en el paraje Puerto Viejo, de Lavalle, Corrientes. Del otro lado del terreno, cruzando una calle de tierra de unos 12 pasos de ancho, detrás de un alambre de púa, se ven los invernáculos donde cultivan tomates. Hundida en una silla, rodeada de sus familiares, Gladys Arévalo dijo, con una voz apenas audible: “Yo no me voy a olvidar nunca de esto”. No logra hablar más. Fue una semana intensa: presenció todas las audiencias y testificó ante el tribunal sobre la muerte, ocurrida en 2011, de su hijo Santiago Nicolás, en ese entonces de 4 años, y las lesiones que sufrió su sobrina Celeste Estévez, de 5.
Todavía no sabían que el Tribunal Oral Penal de Goya absolvería finalmente al productor hortícola Ricardo Nicolás Prieto por el homicidio y las lesiones culposas. La querella había pedido cuatro años de prisión efectiva y la fiscalía, tres años de prisión condicional, por considerar que Prieto había desplegado una conducta negligente cuando, sin controlarlo personalmente, hizo fumigar por sus operarios sus plantaciones de tomate con las cortinas de los invernáculos levantadas, lo que habría permitido que los tóxicos del plaguicida endosulfán se propagaran por la acción del viento hasta el terreno lindero donde jugaban los dos chicos, lo que les habría provocado la muerte y las lesiones. La defensa, que había pedido la absolución, sostuvo durante el debate que el agente tóxico habría sido la Cassia occidentalis, una planta de la zona que los chicos podrían haber ingerido.
Se trata de un caso inédito en el país: es la primera vez que se debatió en un juicio oral la posible responsabilidad penal de un productor agrícola por una muerte y lesiones por intoxicación con agroquímicos. El tribunal sólo contó con un antecedente, en Córdoba, en 2012, donde la Justicia aplicó la ley de residuos peligrosos por la contaminación ambiental por parte de un productor que usó agroquímicos.
Pero el caso Arévalo no es el único en la zona: por otra muerte ocurrida en 2012, también en Puerto Viejo, la de Juan Carlos “Kily” Romero, de 4 años, la justicia correntina procesó en septiembre a otro productor hortícola por presunto homicidio por intoxicación con agroquímicos, en este caso no por órganos clorados, sino por fosforados.
Hoy no existe una legislación nacional respecto del uso de agroquímicos, sino que, como puntualizó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el control del uso o aplicación es realizado por las autoridades provinciales a través de las leyes de agroquímicos de cada jurisdicción, las que abarcan el expendio al usuario, el registro de comercios expendedores y de los aplicadores.
El juicio oral también puso en escena los cuestionamientos al uso de agroquímicos en el país que ya venían realizando agrupaciones, ONG y publicaciones como el reciente libro de la periodista Fernanda Sández La Argentina fumigada o Malcomidos, de Soledad Barruti, críticas que coinciden en el costo ambiental y sanitario que demanda y demandará este “vendaval químico”.
En su sentencia, los jueces Julio Ángel Duarte, Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta sobreseyeron al imputado Ricardo Prieto del “presunto delito de lesiones culposas por extinción de la acción penal por prescripción”, en el caso de Celeste Estévez, y lo absolvieron de culpa y cargo por “el presunto delito de homicidio culposo por insuficiencia de pruebas”, en el caso de Santiago Arévalo. La audiencia de lectura de los fundamentos del fallo se fijó para el próximo miércoles.
El futuro
“Vamos a interponer recurso de casación luego de la feria judicial. Hay que empezar de cero y armarse de paciencia -dijo el abogado de la familia Arévalo, Julián Segovia, parte de la ONG Red Infancia Robada, fundada por la monja Martha Pelloni-. Gladys quedó muy mal, esperaban una condena para poder seguir viviendo en paz. A la conclusión que llegamos es que la muerte de su hijo fue en vano.”
La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de Corrientes determinó la presencia de endosulfán en el cuerpo de Nicolás. Se trata de un insecticida cuyas elaboración, formulación, comercialización y utilización fueron prohibidas por el Senasa desde el 1° de julio de 2013, luego de una resolución dictada por el organismo en 2011 que estableció un cronograma de eliminación progresiva del mercado nacional. Para ese entonces, por su alta toxicidad, ya había sido propuesta su eliminación por el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en la Unión Europea y por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
Como dice el cartel al costado de la ruta, en la entrada del pueblo, Lavalle es tierra de horticultores. Junto con el Norte Grande y el cinturón verde de La Plata, este departamento abastece a todo el país de tomates y otras hortalizas, como los pimientos, a través del cultivo intensivo en invernaderos, que también demanda una mano de obra intensiva.
Aquel día en el terreno de los Arévalo, antes de conocerse la sentencia, Celeste daba vueltas alrededor de sus tías. Su madre, Margarita, contaba que por las secuelas que le quedaron de aquel episodio Celeste tiene que viajar dos veces por año al hospital Garrahan para realizarse controles. Pero en los últimos meses se vio impedida de llevarla: Rosa Azul, su hija de tres meses, nació con hidrocefalia y problemas cardíacos, y están a la expectativa de poder operarla de la cabeza una vez que su corazón esté más fuerte.