Horacio Vázquez, fundador de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default, denunció que los fondos buitre son mejor tratados que quienes pagaron bonos a valor real.
Ahorristas argentinos con bonos de la deuda en default por unos 2.000 millones de dólares irán a la Justicia estadounidense para rechazar la oferta realizada por el Gobierno, por lo que se demorará la salida definitiva del país de la cesación de pagos. Así lo anticipó en una entrevista con NA el fundador de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), Horacio Vázquez, al denunciar que los fondos buitre son mejor tratados que quienes pagaron por los bonos su valor real y no el precio basura pos canjes de 2005 y 2010. Vázquez denunció que los bonistas argentinos no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con los fondos buitre y confirmó que apelarán la decisión de dar luz verde al entendimiento del juez norteamericano Thomas Griesa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
En declaraciones a NA, Vázquez denunció que el mediador judicial en el conflicto Daniel Pollack “no atendió los reclamos de los abogados que representan a bonistas Argentinos en Nueva York”, quienes tampoco pudieron participar de ninguna reunión en las negociaciones. “Nos explicaron a través de un papel cual es la oferta argentina, nos ponen una fecha límite para aceptarla y nos piden entrar a un canje del que no sabemos cuáles son las condiciones”, se quejó Vázquez.
El fundador de ADAPD puso en duda que el acuerdo conseguido por el Gobierno de Mauricio Macri llegue al 85 por ciento de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, dado que los números expresados por los funcionarios “no cierran”. “Si el ministerio de Hacienda y Finanzas dijo que oficialmente los juicios llegan a 9.000 millones de dólares y se presenta una apelación a la cámara por más de 2.000 millones, las cuenta no dan porque esos representan más del 20% de bonistas sin respuestas”, sostuvo. Vázquez subrayó que si los bonistas argentinos con títulos en cesación de pagos aceptan el acuerdo con el Gobierno, estarían admitiendo el cobro de 1,7 dólares por cada dólar invertido en los bonos, cuando en realidad se debería pagar 3 dólares “como mínimo”. Esa es la ecuación que, según Vázquez, debe hacer el equipo económico que lidera Alfonso Prat-Gay para “equiparar al menos” las mismas condiciones que tienen hoy los que participaron de las reestructuraciones registradas durante 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente.