El presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD) alertó sobre la crítica situación que atraviesan los centros prestadores por la deuda acumulada y la falta de actualización de valores. «Los centros están subsidiando al Estado, pero esto no puede seguir así», remarcó.
El sistema de diálisis en la provincia de Buenos Aires enfrenta una situación límite. Así lo expresó el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), en declaraciones a Noticias y Protagonistas (FM 99.9). “Verdaderamente es una situación muy preocupante, porque la deuda es cada vez mayor, el diálogo no está siendo restituido todavía y nos preocupa por el futuro de todos los pacientes y de los centros prestadores, si esto no se resuelve a la brevedad”, advirtió.
La deuda que mantiene el gobierno bonaerense con los prestadores asciende a los $18.000 millones. Según explicó Casaliba, “la deuda viene siempre atrasada, pero se ha atrasado muchísimo más en los últimos meses. Para algunas redes, viene desde el año pasado prácticamente”. La situación varía según el prestador, pero en todos los casos se trata de una carga que amenaza la continuidad de un servicio esencial.
Un tratamiento de diálisis tiene un alto costo debido a los insumos importados, el consumo de agua y energía, y la necesidad de personal especializado. “Cada paciente viene tres veces por semana durante toda su vida, hasta que se trasplanta. El tratamiento requiere muchísimo material importado, y para que sea de calidad hay que gastar un montón de plata cada vez que el paciente viene. Los centros están absorbiendo ese costo. Están subsidiando a la provincia”, remarcó el presidente de ARD.
Consultado por el valor de cada prestación, estimó que “estaría entre 170.000 y 180.000 pesos como mínimo”. Y agregó: “Esta situación no puede ser ni debe ser permanente, ni expandirse sin límites en el tiempo, porque como le pasa a cualquiera que trabaja y que hace las cosas que debe hacer, los centros prestadores están esperando que por la tarea realizada, el Ministerio pague”.
Respecto a la dinámica de pagos, Casaliba explicó que “IOMA está pagando puntualmente, pero a valores desactualizados. La última actualización fue en julio del año pasado. Llevamos un año sin actualización”. El problema se profundizó cuando se modificó unilateralmente el acuerdo de fijación de aranceles: “Habíamos pactado que IOMA decidía el valor de las prestaciones y luego el Ministerio lo tomaba. Pero en septiembre nos enteramos que IOMA ya no decidía, y que debíamos ir al Ministerio a charlar estos temas. Desde allí no hemos tenido solución”.
“No sólo no hay actualización de valores, sino que tampoco hay una solución para la deuda, que es cada vez mayor”, alertó. Y destacó que esta situación golpea especialmente a centros únicos en ciudades del interior: “Si esos centros deben cerrar, como ya ha pasado en otros momentos, son los pacientes los que se perjudican por no tener un centro prestador en su ciudad. Y en estas condiciones, si un centro cierra, difícilmente puedan otros absorber a los pacientes”.
La advertencia es clara: sin respuestas urgentes por parte del Ministerio de Salud bonaerense, la atención de miles de pacientes renales está en riesgo. “Esperamos que esto se resuelva pronto, porque el sistema está al borde del colapso”, concluyó Casaliba.