El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten recogió el guante de las declaraciones que brindó una de las hijas de Gerónimo Venegas sobre dinero en negro que tendría su padre y que rondaría una cifra de 300 millones de dólares manejados por testaferros. En ese sentido, confirmó en la 99.9 que hicieron una presentación judicial.
El dinero que tendría sin declarar Gerónimo “Momo” Venegas pasó a ser un tema de análisis a través de la denuncia de una de las hijas del ex titular de UATRE, que está en disidencia con el resto de la familia. Los dichos públicos llevaron a que el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten se presentara ante la justicia para pedir que se investigue la cuestión.
El letrado habló en la 99.9 señalando que “hicimos una presentación judicial para desentrañar que sucesos encierran las declaraciones de una de las hijas de Venegas. Se está hablando de unos 300 millones de dólares que dejó en negro porque la sucesión no muestra esas cifras”.
También incluso señaló dos nombres que serían los encargados de manejar ese dinero y han requerido que se los investigue: “ese dinero estaría en cabeza de dos personas que serían testaferros de su padre, uno de apellido Arrieta y otro de apellido Ayala. Este último es el actual presidente de UATRE. La familia le puso ayer lo que se denomina un bozal legal, pero no nos pueden frenar a nosotros. Quiero aclarar que no la conozco a la hija de Venegas”, agregó el abogado.
Por último, puntualizó que esos millones de dólares estarían identificados: “el dinero hablado estaría dando vueltas en hoteles, empresas, edificios que es lo que se está hablando. Hay una investigación que ha hecho un periodista y es bastante lujosa en detalles. Esto lo tendrá que analizar el fiscal, pero si queremos tener un país mejor se deben investigar los supuestos casos de corrupción”.
También aprovechó la ocasión para actualizar lo que está sucediendo alrededor de la causa de Mariano Martínez Rojas vinculada al funcionamiento de la denominada “Mafia de los Contenedores”: “estuve reunido con el FBI en Estados Unidos y estamos abordando la defensa nacional y la protección internacional porque sus dichos involucran funcionarios del anterior gobierno. Peligra su vida y la de familiares que están radicados en el país”, aseguró Sánchez Kalbermatten.
El primer paso que buscan es que se levante la captura internacional para brindar los datos a la justicia. “No es un prófugo porque viajó el 27 de junio y la sentencia que pide la indagatoria fue del 25 de agosto. Él nunca podía saber que eso iba a pasar, no tenía ningún impedimento para salir del país y tiene visa para permanecer en Estados Unidos. Llevarlo al extremo de rotularlo como alguien clandestino, me parece un poco fuerte”, definió.
Para el abogado, todo el accionar de la justicia sobre su defendido fue innecesario: “si le revocan la captura nacional e internacional, podríamos colaborar con la justicia que es el propósito que cualquier juez puede tener como norte. Con la captura, lo que ha hecho es prohibirle volver tranquilo al país”.