La ley, que se aprobaría en abril del año próximo, no interferiría con la jurisdicción deportiva, que podría seguir decretando sanciones.
Dos ministros del Gobierno federal alemán se presentaron este miércoles ante la prensa en Berlín para anunciar una inédita medida que pretende acabar con el dopaje en el deporte profesional germano. El ministro del Interior, el democristiano Thomas Mazière, y su colega de Justicia, el socialdemócrata Heiko Mass, anunciaron un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Parlamento en primavera, algo que nadie pone en duda, castigará con penas de hasta tres años de cárcel y abultadas multas a los deportistas que tomen sustancias dopantes para aumentar su rendimiento.
El proyecto de ley será presentado al Parlamento federal en la primavera próxima y encuadra, por primera vez en el país, al dopaje como un acto criminal. El borrador abarca a unos 7.000 deportistas profesionales y no afecta a los aficionados. Los médicos, entrenadores, preparadores físicos u otras personas que suministren las sustancias prohibidas podrán ser condenados con penas de cárcel de hasta 10 años, un castigo severo que se justifica, según el proyecto de ley, por “poner en peligro la salud de un alto número de personas”. Si los atletas que se dopen son menores de edad, la medida contempla penas más duras para los médicos y otros responsables. “Esta ley es un hito en la lucha contra el dopaje”, dijo el ministro Mazière.
En España, de momento, no se plantea a corto plazo que la lucha antidopaje vaya a seguir el camino esbozado en Alemania. “Copiar la reforma alemana no parece viable. Desde la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte no lo vamos a proponer”, aseguró Enrique Gómez Bastida, director del organismo.
En España, el Código Penal, en el artículo 361 bis, solo contempla penas de cárcel (de seis meses a dos años) a quienes “ofrezcan o faciliten” sustancias dopantes, pero en ningún caso al deportista. Cuando se hizo la última reforma de la ley, se descartó penalizar la posesión de sustancias porque en España no es un delito la posesión salvo que sea indicativa de que se va a utilizar para el tráfico de drogas. “Tiene sus ventajas e inconvenientes, pero hay que ser prudentes y no pivotar excesivamente la lucha contra el dopaje en una visión policial o judicial”, abundó Gómez Bastida. Y añadió: “Antes de dar esa vuelta de tuerca hay que mejorar nuestro sistema para aumentar la presencia en el entorno del deportista”. De momento, la Agencia está inmersa en el desarrollo de varias líneas de actuación: mejorar los métodos de detección, potenciar la planificación de los controles y trabajar en los programas de educación, y pospone el debate suscitado en Alemania para el “medio plazo”.
El anteproyecto presentado en Alemania sigue la estela de Francia e Italia, que en mayor o menor medida también contemplan penas de prisión para los deportistas dopados, y prevé también que las sanciones puedan afectar a extranjeros que incurran en dopaje en Alemania o a deportistas alemanes que se dopen en competiciones en el extranjero. Unos supuestos que recuerdan a la situación que vivió Pep Guardiola, actual entrenador del Bayern de Múnich, en Italia, que fue condenado a siete meses de cárcel por dar positivo de nandrolona en un control antidopaje cuando jugaba en el Brescia. Guardiola fue finalmente absuelto por el Tribunal de Apelación. La condena fue la primera de este tipo que se aplicaba en Italia desde que se aprobara la Ley antidopaje del año 2000.
En Alemania, la iniciativa del Gobierno fue recibida con el beneplácito de una de las máximas organizaciones deportivas del país. Michael Vesper, el director general del Comité Olímpico Alemán, admitió que existía un consenso en el país de que el deporte no podía luchar solo contra el dopaje, si no tenía el apoyo oficial. “Necesitábamos el apoyo del Estado para llevar a cabo investigaciones y aplicar sanciones”, señaló. Sin embargo, uno de los más famosos expertos en dopaje del país, el biólogo molecular Werner Franke, calificó el proyecto de “soberana tontería” y de “cobarde”, al no penalizar a los deportistas aficionados. “Tenemos un Estado que condiciona la ayuda a los deportistas aficionados con el número de medallas que puedan obtener”, dijo.