El informe publicado por la organización se basa en 37 entrevistas con abogados chinos y contiene detalles de palizas y torturas.
En 2008, Liu Renwang fue detenido en la provincia de Shanxi, China, acusado de asesinar a un oficial de su pueblo. Durante los días siguientes, los agentes que lo custodiaban lo torturaron sistemáticamente hasta que confesó un delito que no había cometido. Fue condenado a muerte, aunque luego la sentencia fue revocada, y en 2013 pudo salir al demostrarse que no había pruebas contra él.
Liu plasmó las vejaciones padecidas entre rejas en una serie de ilustraciones que este verano salieron a la luz. En las imágenes se aprecia a un policía arrojando agua hirviendo sobre la cabeza de un hombre enjaulado, a un preso en el suelo siendo apaleado o a un varón colgado por las muñecas mientras es golpeado con una porra eléctrica. Sus dibujos lograron captar la atención de la población, ya que representaban una simple pero cruda descripción de los abusos y torturas que padecen muchos detenidos en todas las cárceles de China.
El caso de Liu es uno de los cientos que ilustra el nuevo informe publicado ayer por Amnistía Internacional (AI) sobre el uso de la tortura en las prisiones chinas, unas páginas donde se denuncia el uso por parte de la policía de un conjunto medieval de vejaciones y maltratos contra disidentes, activistas, demandantes e incluso abogados que incluyen el uso de porras eléctricas, sillas de tortura, barras de pinchos o la privación de agua, alimento y sueño.
El informe, titulado No hay fin a la vista: tortura y confesiones forzadas en China, se basa en 37 entrevistas con abogados chinos de derechos humanos y contiene espeluznantes detalles de palizas y sesiones de tortura padecidas por los detenidos. A pesar de las promesas hechas por el Gobierno chino de reformar su sistema y acabar con estas prácticas tan extendidas, el estudio documenta casos recientes en prácticamente todos los rincones del país.
El sistema de justicia penal en China sigue dependiendo en gran medida de las confesiones de los reos para conseguir una condena, motivo por el cual los agentes que los custodian no dudan en recurrir a la violencia para cerrar un caso. Pero los malos tratos no solo son padecidos por los arrestados, sino que aquellos abogados que insisten en presentar denuncias de abusos son a menundo objeto de amenazas, hostigamiento e incluso detención y golpizas.
Este fue el caso de Tang Jitian, ex fiscal y abogado de Pekín, quien declaró a AI que en 2014 fue maltratado, junto con otros tres letrados, cuando investigaba presuntas torturas en una instalación secreta de Jiansanjinag, al noreste del país. “Me amarraron con correas a una silla de hierro, me abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon en la cabeza con una botella de plástico de agua tan fuerte que perdí el conocimiento”, relató. “Más tarde, me encapucharon, me esposaron los brazos a la espalda, me levantaron del suelo y me tuvieron colgando por las muñecas mientras la policía me pegaba”.
Según la organización, expertos jurídicos han subrayado que estas malas prácticas están muy arraigadas entre los agentes chinos, sobre todo en causas políticas que afectan a disidentes, minorías étnicas o gente que participa en actividades religiosas como las de Falun Gong.
Además, ponen el foco de atención en el creciente uso de la llamada “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, un sistema que permite al Estado recluir a los detenidos en un lugar no revelado durante un periodo máximo de seis meses, “lo que deja al detenido en grave riesgo de sufrir torturas y otros malos tratos”. Esta es precisamente la situación de 12 de los abogados y activistas pro derechos humanos arrestados en la mayor campaña contra este colectivo que se vivió este verano, unas semanas en las que más de 250 personas tuvieron que pasar por dependencias policiales acusados de “provocar problemas”.
Según Patrick Poon, investigador en Hong Kong sobre China de AI, el Gobierno chino ha tomado algunas medidas en los últimos cinco años para hacer frente a este problema. En 2012, Pekín se comprometió a “hacer cumplir las medidas preventivas para evitar extraer confesiones mediante la tortura y recoger pruebas a través de métodos ilegales”, algo para lo que incluso se ha planteado introducir equipos de grabación y control durante los interrogatorios.
Sin embargo, Amnistía señaló que tales reformas “en realidad hacen poco por cambiar la arraigada práctica de la tortura a los sospechosos para obtener confesiones forzadas”. Además, denuncian que la normativa china deja fuera de la ley ciertos actos de tortura -como la psicológica-, y que aquellos que tratan de denunciarla o pedir reparaciones “se ven sistemáticamente frustrados por la actuación de la policía, los fiscales y los tribunales”.
Desde que el presidente Xi Jinping se hizo con el control del Partido Comunista hace tres años, son mayoría los que creen que la situación de los derechos humanos ha empeorado en el país, ya que está empleando el aparato de seguridad del país para desmantelar cualquier fuente potencial de oposición al partido.
Tanto este informe, como uno presentado por Human Rights Watch en mayo de este año en el que se denunciaban prácticas muy similares, podrán ser tenidos en cuenta la semana que viene cuando el historial de China en relación con la tortura sea examinado por un comité de expertos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Mientras tanto, Amnistía Internacional alienta a las autoridades del país a que establezca más mecanismos de supervisión y ponga fin a esta lacra en sus dependencias policiales. Y es que, como afirma Poon, “en un sistema en el que incluso los abogados pueden acabar siendo torturados por la policía, ¿qué esperanzas pueden tener los acusados corrientes?”.