La productora tambera de Carlos Casares habló en la 99.9 luego de que la justicia le diera la razón en el reclamo por dos impuestos que el municipio le cobró durante años sin tener ningún tipo de contraprestación ni papeles para demostrarlo: “esto es un punto de partida”.
La productora tambera de Carlos Casares, Andrea Passerini inició acciones judiciales contra el municipio por el cobro de tasas que consideraba indebidos y terminó ganandoles con el fallo que quedó firme y se dio a conocer en las últimas horas.
En diálogo con la 99.9 habló principalmente de la tasa que le cobraron durante muchos años para un inexistente mantenimiento de caminos rurales: “hace muchos años, me cayó la ficha luego de una inundación muy grande en 2012 o 2013 donde quedamos aislados y nos tuvimos que juntar los productores de la zona para contratar una empresa vial tratando de mantener el único camino que nos sacaba los productos, sino quedábamos aislados. El municipio tuvo un comportamiento inentendible ya que nos intimaron a pagar las tasas que no habíamos pagado durante esa inundación. Entonces decidí hacer algo más”.
Ahí fue donde eligió el camino más difícil, el de presentarse judicialmente: “nadie confía en la justicia y hay un desaliento muy grande porque tuvimos que estar poniendo dinero, energía y trabajo. Cuando salió el fallo ya era un trabajo diario que hacíamos junto a mi abogado. Planteamos la presentación judicial respecto de dos tasas, una de higiene y seguridad que la pusieron en 2016 porque se ve que antes no pensaban en eso; y otra de conservación y mantenimiento de la red vial rural. Es un fraude porque el municipio no pudo demostrar que prestaba el servicio”.
Justamente lo que dice la sentencia que le dio la razón, es que nunca pudieron demostrar que hacían el trabajo para el cuál cobraban la tasa: “toda la documentación que tenía que presentar para demostrar que nos daban el servicio, no la presentaron y por eso salió el fallo. La demanda la inicié por un período de 3 años y me tienen que devolver el dinero con intereses, punitorios y honorarios de lo abogados, pero además dice que es ilegal e inconstitucional cobrar un impuesto sin demostrar que hay una contraprestación de servicio acorde a lo que se recauda”.
Para Passerini, esto es sólo el inicio porque está decidida a avanzar ya que las consecuencias de ese accionar político, la terminan pagando los vecinos: “creo que es un punto de partida para muchos productores que me han escrito. Es un clima de época donde todos estamos diciendo basta de distintas formas, buscando maneras distintas de generar cambios. La justicia es un problema pero tenemos que tratar de poner lo mejor sobre la mesa para mostrar la verdad. Tiene que ser un punto de inflexión para cambiar el sistema impositivo perverso que tenemos en Argentina desde lo más cerca que tenemos que es el municipio. No podemos cambiar lo nacional y provincial o incidir en eso si no podemos hacerlo en nuestro metro cuadrado. Uno se pone a rascar y es una maraña perversa de impuestos donde no nos damos cuenta ni que nos están cobrando. Esto no puede ser más así y quiero hacer acciones gremiales por medios concretos aunque lleve mucho tiempo, energía y costo”.
Como siempre sucede, los políticos no pagan con su patrimonio ni con su responsabilidad por lo que es una clara estafa y Andrea Passerini está decidida a terminar con eso: “esto tendría que desembocar en un incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo que me pagan a mí, no lo hará el funcionario de su bolsillo sino el contribuyente de Carlos Casares. Hay que profundizar esto porque no puede ser que por la desidia de esta gente, sin importar el partido, el pueblo de Casares tenga que pagar un resarcimiento de su bolsillo. Es un precedente que además se puede generalizar. Conceptualmente que un municipio no pueda demostrar que presta un servicio es muy grave”.