En Noruega, el Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que evaluará la nueva ley de blanqueo, que entrará en vigencia en julio.
Argentina no logró salir como esperaba el Gobierno de la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se encuentra bajo monitoreo cercano desde 2010.
La nueva ley de blanqueo de capitales, aprobada de manera express por el Congreso en mayo pasado, será sometida ahora a un proceso de observación al ser presentada por primera vez ante el plenario del Grupo que sesionó en Oslo, Noruega, entre el miércoles y ayer.
El jueves, Máxima, la reina de Holanda nacida en la Argentina, participó del plenario con un discurso sobre “inclusión social” de las finanzas para el desarrollo.
Este diario sabe que países clave del Grupo objetan parte de la ley 26.860 con la que el Gobierno busca atraer la escasa divisa extranjera a partir de su puesta en vigencia el 1 de julio. Sobre todo, lo que hace al origen de los fondos que se van a blanquear, lo que la AFIP exime de declarar. Para los críticos internacionales existen serios riesgos en el origen no declarado de esos flujos financieros. Para la oposición local en realidad ello facilitará el blanqueo de dinero mal habido.
Con José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y representante ante el GAFI en Oslo, el Gobierno limó ayer algunas expresiones de la secretaría ejecutiva del Grupo que prometían mayor dureza.
Pero el país buscaba salir de la “lista gris” con sus reformas legislativas de 2011 y 2012 en materia antilavado y anti financiamiento del terrorismo, a las que el GAFI dio la bienvenida. Sin embargo, aunque así no lo explicitó el Grupo, en su apartado ayer sobre Argentina, el país volvió a quedar en el grupo de países en los que se han identificado “deficiencias” en las estrategias antilavado de dinero y en el combate al financiamiento del terrorismo, pero al mismo tiempo han presentado un programa con compromisos políticos y escritos de alto nivel a hacerlo, que son los que se siguen.
Ayer, en su reporte sobre Argentina -que ubica junto a Turquía- el GAFI dio cuenta de haber recibido del Gobierno el “programa” VTC, como llama a la ley de blanqueo, que seguirá “monitoreando”. Indicó que la Argentina se comprometió a “asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI”, que volverá a observarse en octubre próximo.
Los países de la lista gris deben someterse a estos controles cada tres meses y no cada seis, como los otros. En el apartado sobre Argentina y Turquía, el GAFI urgió a “todos” los países a aplicar medidas antilavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo de acuerdo a sus programas de blanqueo y sus cuatro principios.
Esos cuatro principios son: la aplicación de medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en los programas de blanqueo; la prohibición de exceptuar a los programas de blanqueo de las Recomendaciones del GAFI; la coordinación doméstica y la cooperación entre autoridades competentes y la cooperación internacional, por ejemplo en la mutua asistencia.
Estos puntos se encuentran en la Guía de Buenas Prácticas Internacionales sobre la Gestión de las Implicancias de los Programas de Amnistías Fiscales en las Políticas Antilavado de Activos y Contrafinanciación del Terrorismo, aprobada en 2010 y actualizada en 2012.