Varias organizaciones profesionales de prensa de Perú han manifestado su rechazo al proyecto
de ley que prepara el Gobierno y que prevé penas de hasta cuatro años de prisión por difusión de
información fiscal.
Para el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la medida “afectaría todo tipo de investigaciones
fiscales”, lo que es “a todas luces inconstitucional” y ha destacado que el proyecto “correspondería
más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”,
según recoge la emisora RPP. Sin embargo, ha indicado que esperará a tener el texto definitivo del
proyecto para pronunciarse con mayor precisión.
Por su parte, la Federación de Periodistas del Perú (FPP) ha expresado su rechazo “categórico” al
proyecto de ley. “Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a
quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del
periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo”, ha indicado.
Este proyecto de ley “busca sancionar hasta con cuatro años de prisión efectiva”, “minimizar el
periodismo de investigación y dejar a la verdad, principio básico de la prensa, catalogarlo como un
delito penal y judicializarla en su más máxima expresión”.
“Además, los hechos de corrupción del actual gobierno no se podrían salir a la luz, con esta
premisa legal, la cual obstaculizaría el derecho a la información”, ha apuntado.
Mientras, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha advertido de que “afecta de
manera directa la actividad periodística en el país”. “En momentos en que en todo el continente la
tendencia es transparentar al máximo posible los procesos contra la administración pública y
corrupción en la que se encuentren involucrados quienes ejercen o han ejercido función pública, lo
que sucede en el país constituye una franca regresión”, ha indicado.
“La reserva de las fuentes ha sido esencial para revelar en las últimas décadas hechos de interés
público. Pretender vulnerar el secreto profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ello,
deploramos que tanto Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen
su rol garantista de derechos y libertades desnaturalizando su capacidad, propia o delegada, de
legislar”, ha remachado.
En tanto, desde el Colegio de Periodistas del Perú han expresado su rechazo a la iniciativa, que
implica “un riesgo y amenaza latente contra la libertad de expresión”.
“El proyecto del Ejecutivo, que bien puede ser calificado como una ‘ley mordaza’, vulnera no solo la
legislación nacional, (sino que) también colisiona con la filosofía y estándares de la Libertad de
Expresión y el Estado de Derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú, así como la Declaración de
Chapultepec cuando se establece el principio que no hay personas ni sociedades libres sin
libertad de expresión y de prensa, resaltando que el ejercicio de esta no es una concesión de las
autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”, ha indicado.
“Por tal motivo, el Colegio de Periodistas del Perú rechaza este proyecto de ley que solo busca
legalizar el secretismo y la intimidación en los casos mediáticos de corrupción que los medios de
comunicación, periodistas y comunicadores difunden en bien de la salud moral del país”, ha
concluido.
El jefe del Gabinete del Gobierno peruano, Aníbal Torres, anunció el viernes la presentación ante el
Congreso del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos
penales. La norma fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la
investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser
reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, explicó