El fiscal Roberto Salum fue recusado en la causa AMIA. Fue el único que quedaba del equipo que se había conformado para reemplazar a Alberto Nisman.
La AMIA y la DAIA, las dos entidades de la comunidad judía querellantes en la causa por la investigación del ataque a la AMIA, recusaron hoy al fiscal Roberto Salum, el único que quedó del equipo que armó la ex procuradora Alejandra Gils Carbó para suceder a Alberto Nisman en esa fiscalía. Fue una presentación ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, que lleva adelante la instrucción del ataque. Las entidades judías sostuvieron que existe un temor de parcialidad sobre Salum por el rol que la fiscalía le atribuye a Carlos Telleldín, el primer preso que tuvo la causa AMIA.
El entonces reducidor de autos es hoy abogado. En 1996, después de dos años de estar detenido y en vísperas del aniversario del atentado, Telleldín contó que un grupo de policías bonaerenses se habían llevado la camioneta que se usó como coche-bomba. La confesión de Telleldín en la causa se dio después del pago de 400 mil pesos que salieron de la SIDE.
Cuando el caso por la voladura de la mutual judía llegó a juicio oral, el tribunal absolvió a todos por ese pago “ilegal”. Pero el expediente llegó a la Corte Suprema, que validó la investigación sólo sobre Telleldín entre 1994 y 1996 y ordenó profundizar la pesquisa. En marzo, Telleldín volverá ser juzgado por su responsabilidad en el ataque.
Y en ese juicio Salum, desde su rol de fiscal de juicio, había dicho en su alegato que Telleldín “vendió” la camioneta, como si hubiese sido una operación comercial sin sospechas, concretada el 10 de julio de 1994, una semana antes del atentado que provocó 85 muertos. “Creemos conveniente postular el desplazamiento del señor Fiscal, pues la paradoja de que él mismo esté hoy beneficiando -intencionalmente o no- a quien su propia dependencia considera el principal acusado y partícipe necesario del atentado (al igual que todos los jueces que intervinieron en su procesamiento y su confirmación, y todas las querellas), resulta, como mínimo, alarmante y preocupante”, dijeron la AMIA y la DAIA ahora ante Canicoba Corral.
Y añadieron: “La insoportable paradoja de ver, como víctimas, que el principal e histórico acusado de haber preparado y facilitado el arma homicida utiliza los argumentos de quien debería acusarlo en su propia defensa, obligan a plantear esta recusación, con el fin de salvaguardar los logros de tantos años de investigación e impedir que se desnaturalicen tanto el juicio que se avecina como la instrucción que debe continuar”, se añadió.
En el juicio oral por el encubrimiento en la investigación por el atentado a la AMIA, Telleldín se encuentra por estos días alegando. Está acusado de haber cobrado esos 400 mil dólares, pero insitirá en que fue una víctima de la situación.
Antes, fue el turno de los ex fiscales que actuaron en la causa y precedieron a Nisman. Allí, las defensas de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia rechazaron las acusaciones, pero denunciaron “la política en el direccionamiento de algunas de las querellas alineadas políticamente” con el gobierno de Cristina Kirchner. Y denunciaron que esa estrategia es “funcional con las estrategias de Telleldín y los ex policías”.
El 13 de febrero de 2015, a menos de un mes de la muerte de Nisman, Gils Carbó anunció que la UFI-AMIA quedaba en manos Sabrina Namer, Patricio Sabadini y Roberto Salum. Salum es el único funcionario que permanece en esa función. Sabadini volvió su cargo original en Chaco, mientras que Namer se convirtió en jueza de un tribunal oral, pero fue recusada en el juicio por el Memorándum con Irán.