El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de Alejandra Bada Vázquez, apoderada de Lácteos Vidal, denunció públicamente el accionar violento del gremio ATILRA, al que calificó como más agresivo que Camioneros. Destacó que por primera vez se investiga la figura penal de “desbaratamiento de empresa” y cuestionó el vínculo entre sindicatos y el poder político en la provincia.
“ATILRA tiene menos fama, pero es bastante más violenta que Camioneros”, afirmó con contundencia el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de Alejandra Bada Vázquez, apoderada de Lácteos Vidal, al describir el accionar del gremio lechero en la 99.9. “Ellos lo que hacen es tomar empresas, bloquearlas, atacarlas. Asolan pueblos chicos del interior del país donde no hay ningún tipo de protección”, denunció.
Torres Barthe explicó que el caso de Lácteos Vidal se inscribe en un patrón que también afecta a otras firmas. “Fuimos haciendo el hilo conductor en la ciudad de Buenos Aires y el fiscal entendió que la huelga había sido declarada de manera irregular, intempestiva, y llevada a cabo de manera violenta”, indicó.
Según detalló, la investigación penal logró avanzar en una figura poco habitual: “Nosotros lo que logramos demostrar fue que la huelga no tenía como fin un reclamo sindical, sino dañar la empresa. El fiscal empezó a investigar un delito que no se usa demasiado, que es el desbaratamiento de empresas, es decir, afectar maniobras para bajarle el precio o impedir su normal funcionamiento”.
Consultado sobre el origen de esta figura, el abogado explicó: “Está desde el año 2003. Entró dentro de las reformas penales cuando se derogó la ley de subversión económica”.
En esa línea, fue más allá al señalar que “una de las especulaciones es que estas acciones tienen por objetivo hacer desaparecer empresas para favorecer a otras”. También planteó una segunda hipótesis: “Otra idea que sobrevuela siempre en estos bloqueos es el movimiento de empresas recuperadas. Hay casos donde efectivamente se busca que la pyme no crezca y se transforme en cooperativa manejada por el gremio”.
“Está muy claro que el reclamo gremial, a mi juicio, es un invento. El objetivo final puede ser beneficiar a grandes empresas o quedarse directamente con la pyme”, agregó.
Al abordar los antecedentes de quienes lideran estas acciones, Torres Barthe apuntó directamente contra figuras de ATILRA: “Sergio Longo y Gastón Moreno, ambos ya tienen antecedentes en La Pampa por haber intentado lo mismo contra Lácteos Don Felipe. La justicia actuó rápidamente y terminaron con una probation. A pesar de eso, siguen siendo parte del gremio”.
“Cuando asume Axel Kicillof, Longo es nombrado delegado del Ministerio de Trabajo en la sección Trenque Lauquen. Entonces, si uno tiene un problema en la empresa con el sindicato, tiene que ir a ver a este sujeto. Es un sindicalista con antecedentes de violencia. Tenemos un problema porque no es una persona imparcial”, denunció.
En ese contexto, cuestionó también el modelo del gobierno provincial: “El secretario de Trabajo del Ministerio viene de los gremios. Parece que es un modelo que tiene Kicillof en la provincia”, señaló.
Respecto a la situación actual de Lácteos Vidal, el abogado explicó: “Estamos esperando el fin de la feria para presentar esta novedad a la justicia laboral. El fiscal ya deja entrever que la huelga fue ilegal. Hay que ver si el juzgado laboral, con esto, se atreve a seguir sosteniendo que la huelga fue legal”.
Y concluyó: “Desde el día uno, Lácteos Vidal dijo que era ilegal. Tenemos un tema a debatir entre la justicia penal y la justicia laboral. La penal está avanzando claramente en la ilegalidad de la huelga, no sólo por cómo se declaró sino por cómo se llevó adelante. Hay una convención internacional que dice que los sindicatos deben respetar la legalidad, pero en Argentina parece que ni los sindicalistas ni la justicia laboral la leen”.