El proyecto que se suma a las autorizaciones ya otorgadas este año, es cuestionado por los gremios aeronáuticos. Suscita también dudas en lo económico.
Se hace hoy en el Teatro de la Ribera la audiencia pública por los pedidos para operar casi 500 rutas aéreas, formulados por 9 empresas, 8 de las cuales solicitan servicios regulares y una no regulares. Es la segunda audiencia convocada por el actual gobierno. Por la anterior, realizada a fines de diciembre, fueron autorizadas a brindar vuelos locales, regionales e internacionales 5 firmas: American Jet, Alas del Sur , Andes Líneas Aéreas, Avian y Flybondi.
El encuentro de hoy fue cuestionado por los gremios aeronáuticos que consideran que no están dadas las condiciones de seguridad para la operación simultánea de tantas prestadoras. Uno de ellos, APTA, el gremio de los técnicos aeronáuticos, presentó un pedido de cautelar ante la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para que se suspenda la audiencia, en el marco de la causa por la tragedia del avión que cayó en el Delta. Según APTA, “el sistema operativo de navegación y control aéreo ya está debilitado y colapsaría, como resultado de nuevas autorizaciones”. En posición similar desde APLA, gremio de los pilotos, se sostuvo que “en aviación, los errores se pagan con vidas humanas” y que “si el crecimiento pretende darse en forma acelerada y sin los análisis necesarios, lejos de duplicar el mercado sólo creará el colapso del mismo, con la consecuente afectación de la seguridad aérea.”
Otra de las objeciones que provoca la cantidad de prestadoras y las rutas solicitadas, es el futuro de Aerolíneas Argentinas y Austral tras el ingreso de empresas que operan bajo el sistema “low cost” y requieren una flexibilización de los convenios de trabajo, y que finalmente darán la mayor competencia en los destinos más frecuentados.
Por otra parte, entre los pedidos se nota el de numerosas frecuencias semanales a ciudades donde no hay turismo suficiente y la actividad de sus habitantes no exige el traslado permanente a otros lugares (por ejemplo, 30 frecuencias semanales para General Pico-Santa Rosa- Buenos Aires, y 15 para Bolívar-Olavarría- Buenos Aires). En principio, el proyecto parece pensado para un país con más población por ciudad y sobre todo con más poder adquisitivo para volar con mucha mayor frecuencia.
Entre las empresas que piden rutas hoy, está Norwegian, una empresa de capitales noruegos que para su operación fuera de Escandinavia, tiene filial en Dublin, Irlanda. Norwegian, que tiene problemas financieros debido a que el balance del primer semestre dio pérdida, prometió invertir en la Argentina, según el ministro Guillermo Dietrich , más de u$s 1.000 millones. Hoy pedirá operar en cabotaje 34 destinos desde Buenos Aires, 17 desde Córdoba, 6 desde Mendoza, 3 desde Rosario y 3 desde Salta, más otros 10 focalizados en los destinos turísticos de la Patagonia, y 80 vuelos internacionales.
En segundo lugar en importancia, Avian , la empresa que operará con licencia de Avianca pero que pertenece al accionista mayoritario de esa firma, pide hoy 38 nuevas rutas que sumará a las 16 de cabotaje y 2 internacionales que le autorizaron en mayo. En este caso, es llamativa la cantidad de frecuencias semanales solicitada para vuelos regionales: 30 desde San Pablo a Buenos Aires, 30 desde Río de Janeiro, 30 desde Cuzco al igual que de Lima , Santiago de Chile y Florianópolis, además de 30 desde Bogotá a Córdoba.
Hoy también se presenta una firma llamada Buenos Aires International Airlines solicitando 178 rutas, y sobre la cual no se sabe casi nada, salvo el rumor de que estaría vinculada a los ex dueños de Southern Winds. Asimismo, se presenta Polar Líneas Aéreas que se relaciona con un directivo de lo que fuera CATA, Just Flight, conocida en el mercado español y con antecedentes poco claros, además de empresas que hasta ahora se vienen dedicando a vuelos charters como Grupo LASA, Servicios Aéreos Patagónicos y Servicios y Emprendimientos Aerocomerciales.
La audiencia pública, como en otros servicios públicos, no es vinculante. Sirve para escuchar las posiciones de las solicitantes y los cuestionamientos de terceros, que en este caso serían los sindicatos, pero la decisión la toma un mes después la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que depende del Ministerio de Transporte.