Según un informe del fiscal federal Delgado, ése es el motivo del 70% de los expedientes que se abren; advirtió que la gente cree erróneamente que se puede usar droga libremente en lugares públicos.
En agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de droga para consumo personal. La decisión se conoció como fallo Arriola, por el apellido de uno de los involucrados en una causa por la posesión de un cigarrillo de sólo un gramo de marihuana. Pasaron seis años de esa sentencia y no se modificó la llegada a los juzgados de expedientes por ese tipo de infracción a la ley 23.737. Al contrario: la confusión social alrededor de los alcances de ese fallo puede, incluso, haber provocado el inicio de mayor cantidad de causas.
Desde 2011 el fiscal federal Federico Delgado realiza y difunde una estadística sobre los casos que llegan a su fiscalía durante el turno con las fuerzas de seguridad en la Capital. Y en las dos semanas de noviembre pasado contabilizó 279 delitos vinculados a la ley antidrogas. El 70% de esas causas fue por tenencia de drogas para consumo personal. De ellas, 195 se archivaron casi de inmediato. Un dato saliente es que un tercio de los arrestados fueron personas que consumían drogas en amplios lugares públicos, mayormente en las grandes terminales ferroviarias.
Esa parte del problema impacta en la racionalidad del uso de recursos en la persecución penal. Pero, al mismo tiempo, desnuda un problema mayor que la pérdida de tiempo judicial: mucha gente cree hoy que se puede fumar libremente marihuana en cualquier parte. Y esa supuesta “apertura” al consumo no fue tolerada por la decisión de la Corte. Sin embargo, es la situación que se observa cotidianamente.
Delgado hizo referencia en su trabajo a “la singular decodificación que la ciudadanía parece haber efectuado del fallo Arriola”. En 110 casos hubo consumo, exhibición o manipulación de estupefacientes en la vía pública. Según el fiscal eso trasluce “la posible falsa creencia de la ciudadanía acerca de la irrelevancia jurídica del consumo de estupefacientes en espacios públicos”.
A la hora de difundir el fallo Arriola, el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte no sólo hizo públicos la sentencia y sus fundamentos, sino que agregó una explicación sobre los límites del fallo: “La Corte no se expidió ni legitimó el consumo con ostentación hacia terceros, ni aquel con intención de comercializar, y sólo se refirió a la marihuana. Los condenados tenían marihuana y no hacían ostentación de la droga, ni había peligro para terceros, ni había adicción demostrada, ni hubo evidencia alguna acerca de que tuvieran intenciones de comercializarla. No se consagró un permiso legal para consumir indiscriminadamente sino sólo en el supuesto que definió con rigor. No se adoptaron posiciones sobre la conveniencia de la sanción penal del consumo de drogas o su despenalización”, se indicó en 2009.
En ese año los jueces también argumentaron: “Cuando rigió el criterio de Bazterrica [antecedente de 1986 sobre tenencia para consumo personal] que ahora se consagra no hubo ningún incremento en el consumo”. Pero la situación tras el fallo Arriola fue diferente: aumentó el consumo de marihuana entre los jóvenes.
Aumento de consumo
En 2009, la Sedronar registraba una prevalencia anual de 8,4% en cuanto al consumo de marihuana entre estudiantes de nivel medio. En 2012 esa variable creció al 10,3% y en 2014 alcanzó al 13,7 por ciento. Un crecimiento superior al 60% desde que se conoció el fallo Arriola.
En ese punto cobra mayor dimensión la opinión de Delgado tras analizar los datos concretos de causas. La decodificación errónea sobre el posible consumo público de drogas “permitido” es una parte importante del problema que satura de causas menores a los juzgados.
Más allá de ese problema social, el fiscal Delgado también advirtió sobre “la selectividad policial” en el momento de detener a sospechosos. Es que la mayor cantidad de arrestos (154 casos) fueron realizados por las divisiones ferroviarias de la Policía Federal. Especialmente, en las grandes terminales porteñas, ya que se arrestó a 59 personas en la cabecera Retiro del ramal Belgrano, otras 18 en la terminal de la línea Mitre y 6 en el hall y los andenes del ferrocarril San Martín. En las cabeceras ubicadas en Once y en Constitución fueron arrestadas 14 y 15 personas respectivamente.
Además, el fiscal Delgado llamó la atención sobre otras dos situaciones: el 40% de los casos fueron motivados por lo que la policía calificó como “actitud sospechosa”. El 93% de los detenidos fueron argentinos; el 97%, hombres; el promedio de edad, 25 años. Además, el 38% de las 81 causas iniciadas por comercialización de drogas se originó en denuncias anónimas, y en muchas causas se repiten los testigos de procedimientos; uno, por ejemplo, apareció en ocho casos, convocado por la Policía Federal.