El primer ministro australiano, Kevin Rudd, anunció el pasado 19 de julio que, “Desde ahora cualquiera que busque asilo y llegue a Australia por barco no tendrá ninguna oportunidad de quedarse en territorio australiano como refugiado”. Esa frase significa que los inmigrantes podrán pedir asilo en Papúa Nueva Guinea.
Esta decisión de la política de inmigración australiana ha sido criticada por varias ONG y expertos en derecho internacional consultados. Es la primera vez que un país firmante de la convención de la ONU sobre los refugiados, ha cerrado las puertas a quienes quieran pedir asilo.
El director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Australia, Aloysous Mowe, dijo que, “Un país rico rechaza honrar sus obligaciones internacionales y, en cambio, decide abandonar a los solicitantes de asilo en un país pobre y sobornar a ese país pobre para que asuma las que deberían ser las obligaciones de Australia”.
Peter O’Neill, primer ministro de Papúa, no participa gratis en el arreglo. Australia se ha comprometido mejorar los hospitales y universidades, además de cargar con todos los gastos de alojar y gestionar a los inmigrantes.
La inmigración en Australia, es uno de los temas más complejos de debate, incluso la llegada de barcos ha llegado a 15. 182 personas sin papeles a bordo de 220 barcos. La mayoría navega desde Indonesia a la isla de Christmas, un territorio australiano que queda a 2.000 kilómetros de la costa del continente.
Si bien, Papúa no está en guerra, los expertos consideran que deja mucho que desear como destino. Es un país pobre, de 6,7 millones de habitantes, con un grave problema de violencia, hay 13 veces más delitos que en Australia y ni siquiera sus propios ciudadanos tienen garantizado el acceso a la educación y la sanidad.
“Es preocupante que un Estado democrático y de derecho que además es uno de los países con mayores recursos del mundo adopte este tipo de medidas que implican la dejación de sus obligaciones internacionales y sienta un precedente”, explica María Teresa Gil-Bazo, del Centro de Estudios sobre los Refugiados de la Universidad de Oxford.
Australia sólo acoge al 0,3% de los refugiados del mundo, mayormente estas personas huyen a Irak, Birmania y Afganistán. El jesuita Mowe, de la SJR en Australia, dijo, “¿Qué pasaría si todos los países firmantes de la Convención de los refugiados siguen el ejemplo australiano? Supondría el colapso del sistema de protección de los solicitantes de asilo”. Un sistema vital ahora para los sirios como lo fue en su momento para los iraquíes, los yugoslavos o los vietnamitas.
Entre los temas legales, el profesor Saul detalló que sólo afecta a quienes llegan en barco, no en avión; los solicitantes estarán detenidos mientras Papúa decide si aceptarlos como refugiados. Hace algunos años Australia subcontrató la gestión de los inmigrantes llegados a sus costas, a empresas privadas que operan campamentos de acogida en la isla de Manus (perteneciente a Papúa) y en Nauru (una isla-país a 4.000 kilómetros de Sidney). Su gestión cuesta un 1,5 millones de euros.
