El sistema del país es claramente hiperpresidencialista en torno a Ilham Aliyev, en el poder desde 2003 tras suceder a su padre, Heydar.
En Azerbaiyán el poder ha empezado a temer a sus propios ministros, pero no perdona a los opositores. En octubre las autoridades azerbaiyanas anunciaron haber impedido con éxito un golpe de Estado en el país y arrestaron a dos miembros influyentes del gabinete: el ministro de Desarrollo Económico y el ministro de Salud. La policía de Azerbaiyán realizó el sábado pasado un registro en la casa de Ali Karimli, líder de uno de los principales partidos de oposición del país, en medio de una creciente investigación sobre un presunto intento de golpe de Estado para derrocar al presidente Ilham Aliyev. Agentes del Servicio de Seguridad del Estado detuvieron a Karimli, líder del Partido Frente Popular, de Azerbaiyán y a varios activistas.
El opositor Karimli ha sido arrestado numerosas veces en relación con la organización de protestas en Azerbaiyán. Unas semanas antes de su detención concedió una entrevista a EL MUNDO. Afirma que la represión desde 2023 busca «destruir, no solo debilitar» la oposición y la sociedad civil. «Ya no hay competencia entre partidos, sólo entre un poder monárquico y los que creemos en elecciones libres y estado de derecho», asegura.
Azerbaiyán vive hoy en un sistema claramente hiperpresidencialista en torno a Ilham Aliyev, en el poder desde 2003 tras suceder a su padre, Heydar. Ese poder se ha consolidado además sobre una base de victoria militar y nacionalismo. La recuperación por la fuerza de territorios en Nagorno Karabaj en 2020 y la toma total del enclave en 2023 han reforzado el relato interno de Aliyev como líder que «restauró la integridad territorial».
En los últimos 15 años se han ido acumulando reformas que refuerzan ese control: en 2009 se eliminaron los límites al número de mandatos, y el referéndum constitucional de 2016 amplió el mandato presidencial de 5 a 7 años, creó la figura de vicepresidentes nombrados directamente por el jefe del Estado y le dio más margen para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.
Karimli denuncia la represión en Azerbaiyán, con 392 presos políticos -ahora él es uno de ellos- y sin medios libres ni realmente elecciones competitivas. El opositor participó activamente en las movilizaciones independentistas de los años 80 y llegó a ser secretario de Estado durante el breve Gobierno de Abulfaz Elchibey. Desde la llegada de Ilham Aliyev al poder, Karimli ha sido una de las voces más constantes a favor de la integración europea y la democratización.
El presidente domina el Ejecutivo, influye decisivamente en el Judicial y mantiene al Legislativo en una posición subordinada.«Sólo llegan noticias críticas a través de redes sociales, pero incluso esas son blanco de ciberataques», asegura. Sus propias cuentas están gestionadas por exiliados. Su partido, duramente reprimido, es hoy una fuerza opositora clave en el país.
Los cambios en el mapa geopolítico del Cáucaso, con Rusia distraída por Ucrania y la UE necesitada de gas azerbaiyano, ha dado a Bakú más margen para ignorar las críticas occidentales en materia de derechos humanos. Preguntado por Rusia, considera que la influencia de Moscú está menguando, pero Aliyev sigue evitando cualquier reforma interna.
«Busca una ‘política equilibrada’ que le permita negociar con Occidente mientras mantiene su alianza con Putin», opina Karimli. Para unas elecciones libres exige liberar a los presos políticos, garantizar la libertad de reunión, reformar el código electoral y asegurar observación internacional. «Si pudiera viajar, mis prioridades serían tres: la liberación de presos, las libertades civiles y una reforma electoral real», apuntó antes de su detención.
La detención de Karimli, que ha liderado el Partido Frente Popular de Azerbaiyán (APFP) desde 2000, está vinculada a un caso penal en curso contra Ramiz Mehdiyev, un viejo aliado del ex presidente Heydar Aliyev, que dirigió Azerbaiyán hasta poco antes de su muerte en 2003.
Una fuente del Gobierno dijo a Reuters que sospechan que Karimli estaba siendo financiado por Mehdiyev, quien se unió al gobierno de Heydar Aliyev como jefe de la administración presidencial durante los primeros años de su mandato en 1994. Ilham Aliyev, hijo de Heydar, despidió a Mehdiyev en 2019 en lo que en ese momento se consideró una medida destinada a expulsar a los funcionarios designados durante el mandato de su padre. El partido calificó las detenciones como una represión política.
Oposición débil
El 21 de octubre, los diarios de la oposición proclamaban el colapso del partido gobernante. Pero oposición política está muy debilitada. Freedom House califica al país como «no libre» y subraya que los partidos opositores han sido reducidos por décadas de persecución, inhabilitaciones y obstáculos administrativos. Muchos líderes han pasado repetidamente por la cárcel o viven bajo amenazas de procesos penales. «Seguimos influyendo en la opinión pública, con recursos muy limitados», dice Karimli. «A pesar de la represión, el apoyo social nos mantiene a flote».
La agencia de noticias progubernamental APA, informó el sábado de que el registro del domicilio de Karimli se estaba llevando a cabo «como parte de una investigación realizada por el Servicio de Seguridad del Estado» en relación con el caso contra el ex jefe de la administración presidencial, Ramiz Mehdiyev.
En los últimos años, las autoridades han bloqueado sus actividades. A pesar de ello, Ali Karimli sigue siendo una figura clave del movimiento democrático en Azerbaiyán. En abril de 2020, el partido informó que a su líder se le había cortado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet, y que desconocidos habían usurpado sus cuentas de WhatsApp y Telegram. Los miembros del partido creían que se le estaba imponiendo un «bloqueo informativo» a Kerimli. Hace un año Karimli ofreció una rueda de prensa en su domicilio, en la que anunció el endurecimiento de su «bloqueo de internet».
La situación de los medios de comunicación ha seguido una trayectoria similarmente preocupante. Según Reporteros sin Fronteras y organizaciones de investigación, en los últimos años se ha producido lo que algunos describen como la «muerte del periodismo independiente»: cierres, bloqueos de webs, presiones fiscales y un uso sistemático de cargos como «contrabando», «evasión fiscal» o «emprendimiento ilegal» contra medios críticos.
En los últimos meses se observa además una proyección externa de la represión: las autoridades han empezado a emitir órdenes de arresto y citaciones contra periodistas y activistas exiliados, en lo que HRW interpreta como una campaña para silenciar también a quienes informan desde fuera.