El Govern prohíbe las excursiones etílicas y limita la venta de alcohol en Arenal, Magaluf y Sant Antoni de Portmany.
Baleares quiere frenar los excesos del turismo de borrachera. El Govern ha aprobado este viernes una ley que pone coto a productos habituales en los últimos años como excursiones etílicas, fiestas 2×1, happy hour o barras libres. Para frenar estas prácticas en una comunidad que recibe cada año más de 13 millones de turistas extranjeros se prohíbe la publicidad y se acota la venta en locales turísticos. También queda prohibida la venta de alcohol en tiendas comerciales con horario nocturno, cuyos establecimientos tendrán que cerrar entre las 21.30 y las 8.00. La norma se limita a las zonas más saturadas de Palma e Ibiza: Magaluf, Arenal de Palma y Sant Antoni de Portmany. “Es una norma excepcional para una zona determinada por un problema concreto“, ha explicado el conseller de Turismo, Iago Negueruela.
El texto suspende la concesión de nuevas licencias de las party boats (fiestas organizadas en barcos) y contempla un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros y la posibilidad de cerrar los negocios por un período máximo de tres años. “Se trata de la primera norma en Europa que restringe la promoción y venta de alcohol en determinadas zonas turísticas”, asegura la nota emitida por el Govern. “Esta norma tendrá gran repercusión también fuera de España”, afirman portavoces de la conselleria.
Otra de las conductas que el nuevo texto quiere perseguir es el balconing (un fenómeno que ha costado vidas que consiste en pasar de un balcón a otro o tirarse desde una altura considerable a una piscina). En este caso, la norma abarca a toda la comunidad y obliga a los hoteles a expulsar de sus instalaciones a las personas que practiquen el balconing. “Será considerado como falta grave, tanto para quien lo practique como para quien lo permita”. El conseller de Turismo ha defendido la norma para reconducir la situación en las zonas más afectadas: “Apostamos por un modelo turístico sostenible y queremos mejorar la convivencia entre turistas y residentes“.
Sobre las excursiones etílicas, la norma prohíbe su publicación y organización. En el primer caso, para evitar recorridos alcohólicos en las zonas afectadas. Aquellos turistas que lo realicen por su cuenta no tendrán límite, aunque no podrán comprar como hasta ahora alcohol en establecimientos durante la noche ni podrán adquirir entradas a locales con barra libre u otras promociones de este tipo. “Se acaba con la posibilidad de compra permanente“, ha destacado Negueruela. Además, el alcohol se tendrá que vender por precio unitario, “sin que quepa ningún tipo de oferta“, ha añadido. Las party boats no se podrán publicitar en las zonas afectadas por el decreto ni podrán recoger o dejar clientes en dichos puntos. “Además, se suspende la concesión de nuevas licencias y se abre un plazo de 24 meses para regular la actividad”, asegura el Govern.
En cuanto al régimen sancionador, el texto recoge multas de entre 1.000 y 600.000 euros y la posibilidad de cierre de establecimientos por un período máximo de tres años. La Conselleria de Turismo, con Iago Negueruela al frente, ha conseguido así sacar adelante un decreto que la pasada legislatura se quedó en el camino por la complejidad que presentaba y por diferencias con el sector.
La redacción de la norma se ha realizado tras un amplio diálogo con el sector, incluyendo a Ayuntamientos, que han identificado los problemas derivados de este tipo de turismo. En parte, estos excesos han provocado una reacción negativa de residentes contra el negocio turístico conocida como turismofobia. “Atraer un turismo de excesos es contraproducente para todo el sector, por eso ya hay zonas dónde los hoteleros están cambiando su oferta para atraer a otro visitante”, reconocía hace unos días José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
El ámbito territorial que abarca el decreto se centra, por el momento, solo en determinadas áreas (excepto en el caso del balconing), aunque el conseller abre la puerta a ampliar las zonas si así lo requiere la situación o los Consistorios lo solicitan: “La ley se podrá extender a otras zonas afectadas si vemos que es necesario. Desde los propios Ayuntamientos lo podrán solicitar y actuaremos con la misma contundencia“, ha afirmado Negueruela. Pese a este cambio normativo, para mantener seguridad jurídica, se respetarán los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros.