Un grupo de ciudadanos belgas sigue cobrando la pensión que Adolf Hitler les prometió por colaborar durante la invasión nazi al país.
Bélgica es un país en el que muchos asuntos son tabú. Una sociedad en la que hay un par de traumas que marcan su historia moderna. Desde los asesinos de Brabante, con 28 crímenes a sus espaldas, hasta la ocupación nazi. Y este último punto ha vuelto a salir a la luz en los últimos días, con su consecuente choque con Alemania.
DéFi, un partido belga, pidió en la comisión parlamentaria de asuntos exteriores que Alemania hiciera público la lista con los nombres de los ciudadanos belgas que cobran una pensión por colaborar durante la ocupación nazi del país. Creen que una treintena de personas reciben este dinero por parte del Estado alemán, pero Berlín se niega a comunicar los nombres. El texto fue votado por unanimidad y pide que el Gobierno belga tome cartas en el asunto.
No es la primera vez que ocurre. En 2016 ya se aprobó una, en la que la los diputados señalaban que la ocupación es una de “las páginas más sombrías, pero también las más polémicas” de la historia del país. Destacaban que es bien conocido que hubo “movimientos políticos, sindicatos” y “periodistas e intelectuales” que “durante la ocupación hicieron una promoción de la colaboración” apoyando la “pura y simple” anexión del país al tercer Reich.
Durante la guerra los combatientes de las Waffen SS flamencos y después también valones obtuvieron nacionalidad alemana. Por decreto de Adolf Hitler obtuvieron acceso a una pensión por parte de Alemania. Cuando terminó la guerra 80.000 belgas fueron juzgados por colaboración con el régimen nazi.
En 1997 el Gobierno belga detectó la existencia de estos pagos. En 2012 el Parlamento consideró que unos 2.500 ciudadanos seguían obteniendo pagos por parte de Alemania. En 2016 una asociación, en el contexto del 71 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, destapó nuevos datos sobre el asunto. Según la prensa local, esos pagos por parte del Gobierno alemán pueden oscilar entre 400 y 1.300 euros que estarían escapando también a las autoridades fiscales belgas. El embajador alemán en Bélgica en 2017 aseguró que las pensiones eran de unos 385 euros.
Estos pagos se realizan bajo una ley alemana de 1951 ideada para que Alemania pagara a las víctimas de la guerra, pero que ha servido de vehículo para que el Estado alemán haya continuado con el pago a colaboracionistas. En 2008 los Lander recibieron la competencia para suspender este pago, pero según el ministerio de Trabajo alemán solo se le han retirado estos pagos a 99 personas.
El Parlamento belga cree que el número actual de belgas recibiendo pensiones es menor. En concreto se cree que ya solo viven unos 30. Pero el ministerio alemán de Trabajo los sitúa en unos 18. Durante estos años se ha intentado obtener la identidad de los colaboracionistas, pero el Gobierno alemán siempre se ha negado a ofrecerlos por dos razones: algunos de los pagos están en manos de los “Lander”, en concreto el de Renania del norte-Westfalia. La segunda, por motivos de privacidad.
Bélgica quiere darle una solución a Alemania: crear una comisión conjunta para cruzar los datos de sus 80.000 condenados en la posguerra y cotejarlos con las identidades que reflejen los documentos germanos. Pero los diputados belgas no confían que esto sea suficiente para que Berlín ceda el documento, y por si eso ocurre instan al próximo Parlamento, que será elegido tras las elecciones de mayo de 2019.