La Fiscalía General envió al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia de ese país, los nombres implicados en el caso de corrupción que involucra a la compañía estatal Petrobras y que son mantenidos en secreto.
La Fiscalía General de Brasil envió al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia de ese país, un listado con los nombres de 54 políticos implicados en el caso de corrupción que involucra a la compañía estatal Petrobras. La noticia conmocionó a la prensa brasileña, que ante el secreto de sumario impuesto sobre los nombres, comenzó a difundir especulaciones sobre los posibles integrantes de “la lista negra”, reprodujo el diario Tiempo Argentino.
La nómina fue entregada por el procurador general, Rodrigo Janot, e incluye 54 nombres de políticos –muchos de los cuales tendrían fueros constitucionales– por los cuales la fiscalía pidió que se abra una investigación.
El caso se encuentra en manos del juez Teori Zavascki, uno de los 10 miembros del STF, que actuará como instructor y que no difundirá los nombres hasta que no decida si acepta las denuncias de la Fiscalía.
Janot, por su parte, pretende que la lista sea dada a conocer íntegramente para poner fin a las especulaciones de la prensa, que estaban despertando inquietud en los pasillos del poder porque podría causar un terremoto político de consecuencias imprevisibles.
Según versiones que publicaron medios locales, en la nómina figurarían los actuales presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, así como el ex mandatario y actual senador Fernando Collor de Mello.
Cunha y Calheiros –que pertenecen al mayoritario Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno de Dilma Rousseff– negaron que estén en la “lista negra”, tal como había dicho días atrás Collor de Mello. “No tengo nada que ver y nadie me ha informado que estoy en la lista”, respondió Calheiros a las consultas periodísticas. “Son sólo mentiras”, sostuvo por su parte Cunha.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Jaques Wagner, aseguró que Brasil debe “mantener la calma” frente a la eventual divulgación de los nombres que estarían relacionados con la trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal.
Hasta ahora, la policía detuvo a ex directivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban de negocios ilegales con la empresa estatal, de la que se supone que se desviaron fondos millonarios para financiar campañas y sobornar a legisladores, entre otros casos.
Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas, bajo la figura de “delación premiada”, y denunciaron que los sobornos eran ofrecidos por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa serían en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Rousseff.
Según estableció la Policía, los empresarios obtenían contratos gestionados por Petrobras inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la compañía y el resto del dinero lo distribuían entre políticos.
Rousseff, que fue presidenta del Consejo Directivo de Petrobras, reiteró que la justicia llegará a los culpables y que “pagarán por eso”. Mientras que la oposición acusa al oficialismo de haber usado los fondos negros de la empresa petrolera incluso para financiar la campaña electoral de Rousseff en las presidenciales de 2010.