El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a situarse en el centro de la batalla ideológica. El Abogado General Jean Richard de la Tour presentó este 4 de septiembre una opinión no vinculante en la que sostiene que los Estados miembros estarían obligados a reconocer la llamada «identidad de género vivida» de cualquier ciudadano en sus documentos oficiales.
El caso tiene origen en Bulgaria, donde la legislación nacional impide modificar el sexo en el certificado de nacimiento. Una persona transgénero acudió a la justicia europea después de que las autoridades búlgaras rechazaran su solicitud de cambio registral. De la Tour concluyó que esta negativa vulnera el derecho a la libre circulación consagrado en los tratados de la UE, así como la vida privada de los individuos.
La opinión, aunque no es aún sentencia firme, abre la puerta a que Bruselas imponga a los Estados un reconocimiento automático del «género sentido» en pasaportes, carnés de identidad y otros documentos, incluso contra la legislación interna de países soberanos.
El Abogado General llega a afirmar que los Estados deben desaplicar su propia normativa si esta choca con los principios de la Unión, un extremo que supondría un salto cualitativo en el activismo judicial de Luxemburgo. El pronunciamiento ha generado un intenso debate en países como Bulgaria, que no reconocen el matrimonio homosexual ni las uniones civiles, y que ven en esta doctrina un ataque directo a su orden constitucional.
No se trata de un fallo definitivo: la Corte aún debe emitir su sentencia en los próximos meses. Sin embargo, la experiencia demuestra que los jueces europeos suelen alinearse con las recomendaciones de los Abogados Generales, lo que refuerza la posibilidad de que la imposición del «género sentido» se convierta en una obligación comunitaria.
Una vez más, el Tribunal de Justicia de la UE se sitúa como ariete del progresismo en Europa, intentando uniformizar las legislaciones nacionales y erosionar el derecho de los Estados a decidir sobre cuestiones fundamentales de identidad, familia y soberanía.