En esta investigación exclusiva revelamos los detalles de la relación que une al titular de Inspección General de la Comuna con las personas que venden choripanes en la calle, actividad que, por ley, no debería estar permitida.
El Código Alimentario Argentino, al que la comuna de General Pueyrredón adhirió en el año 2007 es claro: no se permite la venta de comida en la vía pública. No lo decimos nosotros, lo afirma el propio Bruzetta en el audio que revelamos en esta investigación.
Sin embargo, la realidad es que en Mar del Plata se venden choripanes en la vía pública, y esta actividad crece año a año. Durante la temporada, aún es peor. Los conflictos en torno a estos puestos no cesan de aparecer y fue con la intención de normalizar un poco la actividad que un grupo de personas se unió y formó una ONG. Lo que buscan es poder trabajar en un contexto parecido al que existe en otras ciudades del país, con el ejemplo claro de Capital Federal, donde la actividad de los puestos de comida en la calle ha sido efectivamente normalizada, con puestos ambulantes que cumplen con condiciones mínimas de salubridad y no contaminan.
Lo que piden son reglas claras: que bromatología les de pautas de cómo tienen que preparar los alimentos, que las áreas técnicas de la comuna determinen cómo tienen que ser los puestos y que, a quienes cumplan con esas normas, los dejen trabajar en paz.
Lejos de esto, Bruzetta elige manejarse de manera absolutamente irregular: a pesar de que la actividad está, hoy por hoy, prohibida, elige “mirar para otro lado”; les pide que se alejen de las avenidas para que la infracción no sea tan evidente; se ríe de las denuncias sobre que estos puestos a veces venden alcohol sin tener la habilitación correspondiente; admite que, en el verano, el negocio lo manejan las barras bravas de los clubes de fútbol porteños. En vez de cumplir con su deber y controlar la actividad, incita a los choripaneros a buscar trampas, siguiendo la principal política de la administración Pulti: no solucionar los problemas, sino buscar aparentar que se llegó a una solución.
Buscando que el tema sea atendido, la ONG que nuclea a los choripaneros realizó una manifestación frente al Palacio Municipal. Lo curioso es que la idea no fue de ellos, sino de un funcionario de Inspección General:
Como se ve claramente en el video, los inspectores del área liderada por Bruzetta se manejan de la misma manera que él: de forma totalmente irregular, en vez de hacer cumplir las ordenanzas buscan incitar a los choripaneros a hacer trampas poniéndose un poco más acá o un poco más allá; los incitan a cortar la calle; buscan atenuar el tema cuando el problema de fondo debería ser si la actividad está o no permitida y punto.
La misma actitud puede verse en este video filmado durante la manifestación frente a la Municipalidad. Los funcionarios de Bruzetta les piden a los choripaneros que hagan como que se resisten al desalojo, para justificar de esa forma su inacción:
Pero, como veníamos señalando, estos funcionarios sólo siguen la bajada de línea del propio Bruzetta. Este audio, en el que se reúne con los choripaneros luego de la manifestación frente a la municipalidad deja en claro la manera de manejarse de Bruzetta.
Si Bruzetta sabe, tal como lo manifiesta en este audio, que el negocio de los choripanes en temporada lo manejan las barras bravas, ¿por qué no lo denuncia? Si la policía es parte del negocio, ¿por qué no denuncia a los funcionarios policiales? Si la actividad está, tal como él dice, prohibida, ¿por qué mira para otro lado?
Hoy en día, unas ciento cincuenta familias en la ciudad dependen económicamente de esta actividad. La gestión Pulti, en vez de ocuparse seriamente del tema, sólo intenta taparlo para que no llegue a la tapa de los diarios. El propio Bruzetta lo manifiesta: su preocupación es que José Luis Jacobo no se entere del tema, para que no lo publique. Porque sabe que somos el único medio que rompe el cerco informativo y quiebra con la maquinaria propagandística de Pulti que busca tapar los problemas.
No existe una voluntad de regular el trabajo de los choripaneros ni la intención de impulsar un debate serio sobre si la actividad debe ser permitida y en qué condiciones; o si debe ser prohibida y se debe acatar la ley. Estas ciento cincuenta familias merecen que se llegue a una solución seria; pero, además, la sociedad marplatense no puede seguir siendo rehén de los caprichos del funcionario de turno. Ni Bruzetta ni sus inspectores son quienes para determinar lo que se puede o no se puede hacer en la ciudad, ni de qué modo. Para eso existen las ordenanzas. Su función es hacer que las ordenanzas se cumplan, y punto.
Pero eso a Pulti y a Bruzetta no les interesa. Ellos sólo quieren acallarlos hasta que pasen las elecciones.
Ah, y que no se entere Jacobo.