Las sospechas de sobornos e irregularidades en la discoteca incendiada en Rumania desatan la indignación ciudadana.
La cálida luz de cientos de velas rojas ilumina la inhóspita entrada del Club Colectiv de Bucarest. Tras las cintas de seguridad que rodean la sala de conciertos donde el viernes pasado murieron 32 personas en un incendio, se ha congregado un grupo de jóvenes que ondea carteles manuscritos. Lucian Iancu, alto, sudadera con capucha negra, se aferra a uno que clama: “La corrupción mata”. Tiene 16 años y estuvo allí esa noche. En el local, que hoy se ha descubierto plagado de irregularidades, murió uno de sus mejores amigos. Habían ido juntos a escuchar un concierto de rock. “Los accidentes ocurren, pero esto va más allá. Cómo, si no es pagando sobornos, pudo el club saltarse tantos controles”, se pregunta.
La fiscalía, que ha abierto una investigación penal y ha imputado a los tres propietarios del club, sostiene que es pronto para hablar de corrupción. Pese a esas cautelas, en un país donde las mordidas, los favores y las comisiones son comunes en la mayoría de las instituciones, son muchos los que creen que la corrupción alimentó las llamas que arrasaron la discoteca. El Colectiv no tenía permiso para grandes aforos, no disponía de las salidas necesarias y usaba materiales inadecuados de construcción y aislamiento. Pese a eso, era una de las salas de concierto más populares de la capital.
“No debemos tolerar más la incompetencia de las autoridades ni la ineficacia de las instituciones, y no podemos permitir que la corrupción se desarrolle hasta tal punto que termine por matar”, ha afirmado el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis.
Nueve años después de la entrada de Rumania en la Unión Europea, la corrupción —uno de los puntos primordiales a mejorar— sigue siendo un problema de primer orden. El problema. “Es algo tan extendido y está tan asumido que es difícil de combatir”, afirma Ovidiu Voicu, director de Políticas Públicas de la Fundación Sociedad Abierta. La corrupción, que se hizo fuerte durante la época de la dictadura de Nicolae Ceaucescu y en la transición, cuando era difícil conseguir las cosas de la manera regular, está anclada en la sociedad.
Pagar por recibir permisos de construcción, por acelerar un trámite burocrático, por un examen médico gratuito, por recibir una educación adecuada, dice Voicu, es tan habitual como respirar. De hecho, una encuesta reciente revela que dos tercios de la población se han ayudado de este sistema, que gangrena la Administración del país, el segundo más pobre por detrás de Bulgaria.
El propio primer ministro, el socialista Victor Ponta, está siendo investigado por evasión fiscal y blanqueo por varios casos de 2007, cuando encabezaba su bufete de abogados. La antigua jefa de la Agencia Nacional de Integridad —una de las tres instituciones que combaten este problema— está en prisión, condenada por delitos de corrupción anteriores a su mandato. Los casos se suceden. En 2014, la DNA, la oficina de la fiscalía anticorrupción que se ocupa de los cargos públicos y de grandes sumas de dinero, sacó adelante 1.138 condenas firmes. Incluidas las de 24 alcaldes, cinco parlamentarios, dos exministros y un ex primer ministro.
El progreso en las causas judiciales es grande, destaca el último informe de la UE sobre Rumania —que desde 2006 está bajo el mecanismo de verificación de objetivos de Bruselas—. Sin embargo, pese a que se felicita por el incremento en el número de condenas, la Comisión destaca que aún hay problemas graves en la integridad judicial y el respeto a sus decisiones, y habla de presiones políticas a quienes luchan contra la corrupción. La jefa de la DNA, Laura Codruta-Kovesi, ha sido acusada por el Gobierno de Ponta de tener intereses políticos para promover las causas judiciales. También el Fiscal General del Estado, Tiberiu Mihail Nitu, se ha enfrentado a acusaciones y descalificaciones públicas desde los sectores de poder político por su cargo al frente de otro de los departamentos clave.
La lucha contra la corrupción no solo concierne a Bruselas. También Estados Unidos, como parte de su política para contener a Rusia en la región, se ha puesto firme con esta lacra que aleja a los inversores que el país —con un PIB per cápita de 7.125 euros— tanto necesita. La corrupción y un sistema administrativo y económico débil —su reforma es otra de las asignaturas pendientes con la UE— están lastrando el desarrollo de un país, que también se ha visto afectado por la crisis económica.
Los ciudadanos, asegura el experto Voicu, son cada vez menos tolerantes con un sistema que les daña desde la base. Y la tragedia del Colectiv ha prendido su indignación. Desde el incendio, las protestas por lo ocurrido se suceden. Este martes, unas 13.000 personas se manifestaron en Bucarest para reclamar justicia y que las instituciones asuman responsabilidades. Piden la dimisión del primer minitro y del ministro del Interior. Muchos llevaban carteles como los de Iancu: “La corrupción mata”.