La Red de Bancos de Alimentos inicio una campaña para crear un marco legal que aliente a las empresas a donar los productos que no comercializan a fin de que puedan aprovecharse en comedores sociales.
Mientras miles de chicos de la periferia conviven con el hambre con una amenaza constante y otros tantos sufren serios problemas nutricionales por su mala alimentación, el polo frutihortícola de La Plata –el más importante del país- desecha cada año enormes cantidades de frutas y verduras porque sus estándares no se ajustan a las exigencias del mercado o bien porque a veces no logran acomodar su producción. Y aunque muchos productores donan sus remanentes a comedores sociales, lo cierto es que la mayoría de ellos elige no hacerlo por falta de un marco normativo que les garantice cierta protección frente a una eventual demanda por los perjuicios que sus donaciones podrían causar.
La misma situación se da a nivel nacional. En un país donde el 32% de la población se halla en estado de pobreza y riesgo alimentario, la industria desecha cada año unas 16 millones de toneladas de productos por presentar problemas menores de envasado o acercarse a su fecha de caducidad. Es frente a esta realidad que la Red de Bancos de Alimentos ha vuelto a la carga con un viejo reclamo que podría poner freno a esa cachetada al hambre muchos argentinos: la modificación de la Ley Donal.
Aprobada en 2004 por el Congreso de la Nación como un mecanismo para alentar a que los grandes productores de alimentos donen sus partidas remantes a organizaciones sociales, la Ley Donal nunca llegó a cumplir su principal finalidad. Y es que antes que entrara en vigencia, el Poder Ejecutivo vetó el artículo que constituía su razón de ser: el que establecía una limitación a la responsabilidad de los donantes una vez producida la entrega de los alimentos en buen estado para ofrecerles de este modo un marco de seguridad legal.
Por este motivo la Red Argentina de Bancos de Alimentos lanzó una campaña de apoyo en internet para exigir la reincorporación del artículo 9l, que ya cuenta con la sanción del Senado de la Nación. De reunir las firmas de al menos 500 mil argentinos inscriptos en el padrón electoral, la Cámara de Diputados podría finalmente convertir en ley una iniciativa que no sólo contribuiría a combatir el hambre en los sectores más vulnerables sino también viejos mecanismos de naturaleza clientelar.
UN VACIO QUE INSPIRA DESCONFIANZA
“Necesitamos que los legisladores actúen rápidamente para que los donantes estén legalmente resguardados. Sería un primer paso que nos permitirá ir más allá y trabajar en incentivos a las donaciones”, explica Natascha Hinsch, la directora de la Red de Bancos de Alimentos (REDBdA), una organización civil sin fines de lucro que coordina el trabajo de quince bancos de alimentos distribuidos en nueve provincias y es la principal impulsora de la campaña para modificar la Ley Donal.
Nacidos en nuestro país durante la crisis de 2001, los bancos de alimentos tienen por finalidad reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de comida a través del rescate de alimentos aptos para el consumo humano que -ya sea por problemas de packaging, etiquetado, fecha de vencimiento o estacionalidad- no se llegan a comercializar. De esta forma, el año pasado se recuperaron “más de 9.500.000 kilos de comida” que alimentaron a “unas 330.000 personas, en su mayoría chicos, a través del trabajo de 2.400 pequeñas organizaciones de la sociedad civil”, afirma Hinsch.
Lo cierto es que pese a ese enorme esfuerzo, la cantidad de alimentos aptos para el consumo que se recuperan con un fin social hoy apenas supera la mitad de los que terminan arrojados a la basura o, en el mejor de los casos, convertidos en comida para cerdos. “Las 16 millones de toneladas de alimentos que se desechan en Argentina por año son dos platos de comida por día por persona. La incorporación del artículo 9 haría que muchos productos que hoy se tiran lleguen a la panza de un chico”, afirma Axel Flugel, gerente en Unilever, una de las empresas que dona alimentos a pesar del riesgo legal.
Ocurre que si bien los bancos de alimentos trabajan con estrictos protocolos para el almacenamiento y distribución de las donaciones, y cuentan además con un sistema de trazabilidad para que cada empresa sepa a dónde fueron destinados sus productos, a muchos potenciales donantes ese sistema no termina de inspirarles suficiente seguridad. Como reconocen informalmente algunos de ellos, el vacío legal que existe actualmente implica cierto riesgo de que, ya sea por un manejo irresponsable o incluso un boicot, sus intenciones solidarias deriven eventualmente una demanda judicial.
CADA VEZ MÁS DEMANDA
¿Pero realmente ocurre eso? “En todos estos años nunca tuvimos ningún tipo de reclamos por la calidad de alimentos que entregamos ni tampoco recibimos comentarios de que algún pibe se haya intoxicado jamás. Somos muy estrictos con los procedimientos para el manejo y almacenamiento de las donaciones y reportamos a cada donante a dónde fue a parar cada kilo de sus productos. Si el día de mañana un empresa llegara a detectar que una de sus partidas salió mala, tenemos un sistema que nos permite saber dónde está exactamente para sacarla de circulación”, explica Gastón Zappalá, el coordinador del Banco Alimentario de La Plata.
Gracias al trabajo de sus voluntarios, el año pasado esta entidad logró recuperar unos 510 mil kilos de mercadería. Mientras que el 15% de esas donaciones surgieron del sector frutihortícola (en su mayoría frutas y verduras picadas o con manchas que el mercado rechaza pero que son perfectamente consumibles) el resto llegó a través de empresas productoras y distribuidoras del sector alimentario que donan en general lácteos, enlatados y alimentos secos próximos a su fecha de caducidad.
Aunque esas donaciones permitieron abastecer regularmente a lo largo del año pasado a unas 184 instituciones sociales que dan de comer a más de 18 mil chicos sólo en la región de La Plata, “el hecho de contar con un marco legal que dé seguridad a los donantes sería de gran ayuda porque la demanda es cada vez mayor. En los últimos años han surgido un montón de pequeños comedores barriales y copas de leche que vienen a buscar ayuda para poder seguir abiertos”, reconoce Zappalá.
Si bien cabe preguntarse por qué hace falta una ley que carga sobre el sector privado y las organizaciones civiles una función que en teoría le corresponde al Estado, la respuesta puede encontrar en decenas de merenderos y comedores sociales como el de Elena Ojeda, un chaqueña madre de siete hijos que en 2001 decidió organizar una olla popular en Berisso y desde entonces da de comer dos veces por semana a unos 120 chicos del Barrio Libertad.
“No tenemos ningún subsidio ni ayuda estatal, toda la comida que ofrecemos viene del Banco Alimentario”, cuenta Elena, quien cada viernes se toma un micro hasta el depósito de la entidad y paga de su bolsillo los 250 pesos que cuesta el flete para llevar la mercadería a su comedor.