El Gobierno prevé un verano difícil; el costo será mayor al promedio.
Las limitaciones de la oferta eléctrica local llevaron al Gobierno a emplear armas parecidas a las que hace poco tiempo atrás le criticaba al kirchnerismo.
El martes pasado, el Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, convocó a una licitación para sumar 1000 megawatts (MW) de energía en tramos cuya primera etapa debería estar lista antes de fin de año para cubrir el faltante de oferta, que en el último verano fue sobrepasada por la demanda y llevó a la aplicación de cortes programados en el suministro.
La compulsa es similar a los programas de Energía Distribuida que puso en marcha el kirchnerismo cuando se hizo evidente la escasa oferta y el poco atractivo que el sector de generación despertaba en la inversión privada.
Se trata de una modalidad para atender apuros, que por eso mismo suele ser mucho más onerosa que otros tipos de generación, como las grandes máquinas térmicas o la hidroelectricidad.
Para diferenciarse de sus antecesores, el Gobierno pensó en darle un nuevo nombre a la convocatoria. Una de las alternativas era llamarla “energía urgente”. Pero la resolución 21 de la secretaría de Energía Eléctrica, que contiene el llamado, no la denominó de ninguna manera específica.
Aranguren y sus asesores, sin embargo, les pusieron algunos límites a los futuros problemas relacionados con los precios. Por caso, el sector privado no podrá ofertar en cada punto de conexión propuesto una capacidad de generación menor a los 40 MW, mientras que cada máquina generadora deberá ser igual o mayor a los 10 MW. Es una manera de ponerle un piso a la eficiencia, y por lo tanto a los costos, de esa nueva generación. Los contratos se harán con un mínimo de cinco años y un máximo de 10.
En el sector privado estiman, de todas maneras, que esos intentos son bastante limitados por las necesidades del Gobierno. De hecho, no es el Ministerio quién fija un precio, sino que las empresas deberán hacer sus ofertas. Por eso la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Alejandro Sruoga, podrá rechazar todas las ofertas presentadas si considera que los precios no son aceptables.
La industria deberá hacerse cargo de manera proporcional de los mayores costos relacionados con la nueva energía.
La misma norma muestra la urgencia del llamado. La convocatoria contempla el “riesgo de energía no suministrada esperable” para el verano 2016 – 2017, el invierno 2017 y el verano 2017 – 2018 “justipreciando el valor que tiene para el sistema eléctrico el ingreso temprano de la nueva oferta de generación”.
En los considerandos, la resolución recuerda que la herencia kirchnerista “ha llevado al Sistema Eléctrico Argentino a un estado crítico que se manifiesta palmario en las condiciones de operación explicitadas” en la nota que Cammesa, la compañía administradora del mercado, envió el 10 de febrero de 2016, cuyo contenido difundió LA NACION el lunes pasado.
El documento, que lleva la firma de Julio Bragulat, vicepresidente de Cammesa, y fue dirigido a al subsecretario del área, Osvaldo Rolando, recuerda que para el “adecuado abastecimiento de la demanda” del crítico 22 de enero al sistema “le faltaron unos 3250 MW”, una potencia equivalente a cuatro centrales Atucha II. La nota también advirtió que si no se hacen las inversiones necesarias el próximo verano habrá un faltante de energía en los días críticos de 1000 MW, es decir, del orden del 4% de la oferta real. Es exactamente el número que intenta cubrir el Gobierno con el llamado a licitación.
El documento advirtió que “bajo este escenario, y en la hipótesis de que los requerimientos de potencia máxima mantengan su actual comportamiento y crecimiento, el sistema requiere un refuerzo de su oferta global y localizada por encima de los ingresos esperados en el mediano y largo plazo (dos años)”.