La capital australiana permitirá pequeñas cantidades de cocaína, MDMA y heroína.
Probablemente en el baño del restaurante se ha esnifado cocaína y seguramente ese trabajador de esa firma de moda haya probado algo. Aunque la tenencia de drogas es ilegal en Australia, la National Household Survey del 2019 revela que 3,4 millones de australianos han consumido drogas en los últimos 12 meses y el 43% ha tomado drogas al menos una vez. Esto significa que 9,8 millones de los 25,8 que viven en el país han probado la cocaína, el cannabis o la heroína durante su vida. La Asamblea del Territorio de la Capital aprobó el jueves pasado una nueva normativa sobre el uso de drogas que despenaliza poseer “pequeñas cantidades” y sustituye el delito penal por una notificación parecida a una multa de tráfico. Será de 100 dólares (unos 66 euros), como desde 1992 ya pasa con el cannabis, y si no se paga, el Gobierno propone participar en programas de salud.
“La ley pretende reducir las condenas penales por delitos de drogas –asegura un portavoz del Departamento del Gobierno de ACT (Australian Capital Territory) a este diario–, reemplazándolas con notificaciones o programas centrados en la salud que mejoren las perspectivas de los canberranos, que con la ley actual tendrían una condena”. El texto ha salido adelante con los votos de los Verdes, que finalmente han dado por buena la propuesta laborista. Ahora comienza un “período de transición” hasta octubre del 2023, cuando la nueva legislación entrará en vigor.
De este modo, el Gobierno pretende eliminar los antecedentes penales en una reforma similar a la que hizo Portugal a principios de los 2000 y que en el 2016 le valió los elogios de Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. “Tenemos evidencias suficientes de que declarar ilegales ciertas sustancias no amedrenta a quien quiere crearlas, consumirlas o venderlas”, asegura Ana Olsen, profesora de fundamentos sociales de la medicina en la Universidad Nacional Australiana. En su opinión, la “guerra contra las drogas” no ha funcionado.
La legislación actual contempla 158 sustancias como ilegales, con multas que llegan a los 8.000 dólares australianos y penas de hasta dos años. Con la nueva ley, se establecen como “pequeñas cantidades” hasta 1,5 gramos de sustancias como las anfetaminas, cocaína, heroína (un gramo), metanfetamina, MDMA o psilocibina, el principio alucinógeno de los hongos. Para el cannabis, serán 50g seco y 150g en plantas, y para el LSD, 0,001 gramos. El texto definitivo aprobado por la Asamblea ha reducido algunas cantidades. En opinión de Olsen, si los límites son demasiado bajos, no cambiará la situación para los más vulnerables. Pero según el Gobierno, las cifras se han basado en los datos del Informe de éxtasis y drogas relacionadas y el Sistema de reporte de drogas ilícitas, así como en consultas con la policía o los servicios de Salud.
Un proceso insuficiente para los liberales de la oposición, que en sede parlamentaria aseguraron que acarreará “narcoturismo” y “caos”. “No es tan sencillo como entrar en un 7Eleven y decir ‘oh, querría un poco de cannabis’ –responde Devin Bowles, consejero delegado de la Asociación Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en el territorio de la capital–. La idea de que la gente viajará entre los estados para peinar las calles buscando drogas me parece ridícula”.
En la comisión parlamentaria previa a la ley, Bowles citó al antiguo inspector de la policía federal, Mick Palmer, quien en el 2018 reconocía que “contrariamente al pensamiento habitual, el ejercicio de la ley tiene un impacto muy pequeño en el mercado de la droga”.
“Australia podría mejorar mucho la efectividad de sus políticas cambiando el foco, reduciendo la atención al suministro y centrándonos en la reducción del daño y la demanda”, concluye Bowles. “No esperamos que tenga ningún coste adicional –asegura el portavoz del Gobierno–. La ACT invierte más de 22 millones cada año en tratamientos y reducción del daño por alcohol y otras drogas”. El presupuesto de 2022-23 incluye 13 millones en reducción del daño, pero en un informe sobre la política de drogas de junio, se apuntaban “recursos adicionales para educación, sanidad y tratamiento”. Olsen señala que es un territorio pequeño lleno de “políticos y servidores públicos”, pero pionero en muchas reformas como en la distribución de la naloxona, un fármaco para revertir sobredosis, o con la creación del primer laboratorio de análisis de drogas: “Somos el banco de pruebas de la legislación que luego se aplica en Australia”.