La presentación fue hecha en los tribunales de Comodoro Py a partir de detectar que hubo documentación falsa y certificados médicos apócrifos.
Tras una investigación realizada por la ANSES, el Ministerio de Capital Humano, formalizó en las últimas horas una denuncia penal ante la justicia federal para que se investiguen presuntas irregularidades en la tramitación de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). De acuerdo a la presentación, esas irregularidades detectadas en al menos 283 casos en distintos puntos del país, “exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación”.
Los casos detectados se registraron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en Río Gallegos (Santa Cruz), como así también en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y tienen en la mira a decenas de médicos por diferentes inconsistencias en sus certificados, que van desde especialidades que no son la obstetricia y aún así certificaron supuestos embarazos, hasta matrículas inválidas o inexistentes, entre otras.
Por el caso, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, evalúa dos escenarios de perjuicio económico: el de máxima, estimado en $165.959.199, y el de mínima, en $58.862.376. Ambos a valores de noviembre de 2024. Entre las irregularidades detectadas hay de distintos años.
La investigación en el organismo fue realizada, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumario, que a lo largo del proceso interno “identificó varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios PS 2.67, requisito para acceder a la asignación”, según explicaron fuentes oficiales.
La AUE es un beneficio para mujeres en situación de vulnerabilidad que, a partir de la decimosegunda semana del embarazo, pueden acceder a la asistencia del Estado tras la presentación de un certificado y por los siguientes 9 meses. Los montos percibidos varían de acuerdo a los meses de gestación.
Entre esas irregularidades, según fuentes al tanto de lo investigado, hay certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento, es decir que se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.
También mencionan simulación de interrupciones de embarazo, en los que hubo casos en los que se presentaron solicitudes de AUE acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.
Otras de las irregularidades mencionadas es la de certificados con fechas de parto futuras, en las que “se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos”. Y también el uso de certificaciones inválidas y retenidas, que fueron detectadas “en numerosos casos, ANSES rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia”. Por lo que, explican, “estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación”.
La denuncia quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde por sorteo recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Ramiro González. La presentación fue acompañada de la documentación recopilada y menciona como posibles delitos cometidos los de defraudación a la Administración Pública; Falsificación de Documentos y Uso de Documento Falso o Adulterado, entre otros delitos cometidos en perjuicio de la ANSES.
Los alcances del perjuicio económico a ANSES
Desde Capital Humano consideran que el fraude descubierto podría haberle costado a ANSES una suma considerable. Allí abren los dos escenarios de cálculo sobre el perjuicio económico: el escenario de máxima, en el que consideran que si los 283 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a $165.959.199 pesos a valores de noviembre de 2024.
En tanto que el segundo, de mínima, evalúa si los dos Grupos I (certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento) y III (certificados con fechas de parto futuras), estimados en unos 80 casos cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses; el II (simulación de interrupciones de embarazo), de 12 casos, cobró el 100 por ciento durante 6 meses y el IV (certificaciones inválidas y retenidas), de 111 casos, no llegó a percibir ninguna prestación, el perjuicio estimado es de 58.862.376 de pesos a valores de noviembre de 2024.