La sociedad vive en ascuas al respecto del padecer que sufre por las situaciones referidas popular, política y mediáticamente como “inseguridad”. Una reciente encuesta de FASTA revela que el tema en cuestión sigue estando en lo más alto de la consideración de los marplatenses y que la responsabilidad de la instalación recurrente del tema ha girado a considerar a jueces y fiscales como responsables por lo que ocurre.
En ese escenario, las acciones que ha desarrollado SUPETAX, liderada por Donato Cirone, devinieron en un capitulo cuando menos extraño: una reunión en el ámbito de la sub secretaria de seguridad municipal en la cual actuaron, como funcionarios interesados en aportar soluciones, un trio que se las trae. Consultado Cirone en la 99.9, refirió que la reunión le fue propuesta vía telefónica y al llegar halló la presencia de Roberto Atilio Falcone, Mario Pórtela y Daniel Adler, todos ellos integrantes del poder judicial federal de la ciudad. Falcone y Pórtela son jueces en el Tribunal Oral Federal y Adler es fiscal general de cámaras.
La queja de SUPETAX, los dirigidos por Cirone, va sobre los jueces de garantías (la reluctancia de los mismos en dar órdenes de allanamiento) y sobre los jueces de ejecución de sentencia del fuero provincial. ¿Qué tienen que ver estos tres con la resolución de los reclamos?, Objetivamente nada: no solo no tienen nada que ver funcionalmente, sino que tampoco tienen incidencia en los actores cuestionados. Cierto es que de los actuales jueces de garantías de la ciudad hay dos, Gabriel Bombini y Juan Tapia, que se formaron en la cursada de derecho penal que dirigen con monolítica ideología “garanticida” Falcone y Pórtela. Pero, dicho esto, no es creíble que Falcone, Pórtela y Adler vayan a incidir para cambiar una dinámica, profundamente arraigada en el servicio de justicia, que consiste en girar obsesivamente sobre la protección del victimario e ignorar absolutamente a la víctima.
Da para pensar que el único objetivo de la reunión era intentar apaciguar la situación de ira de los taxistas, muy motivados negativamente al conocerse que los señalados como responsables del asesinato de Luis Severians, dos primos de apellido Luna, habían sido trasladados a un penal de la provincia de Entre Ríos para que no pierdan la relación familiar. Los Luna, que han eludido la acción de la justicia por siete años, son oriundos de dicha provincia.
Al respecto, nada dice la asociación de magistrados, nada dice la asociación judicial bonaerense. Todos callan y estos tres caraduras dicen, ante legos, ser intérpretes del dolor de las víctimas y sus deudos y hacen abluciones de cargo por lo mal que funciona el sistema. Más allá de las fallas del sistema que son múltiples y a veces auténticamente horrorosas acciones propias de jueces y fiscales (por caso, cuando imputan tipos criminales por debajo de lo que el sentido común indica) irritan de modo cruel a la sociedad en su conjunto.
Roberto Atilio Falcone, Mario Pórtela y Daniel Adler no son camino de solución de nada de lo que la sociedad padece. Integrantes de justicia legitima los tres, aparece como obvio que advierten un fin de ciclo y van por un posicionamiento que los coloque del lado de la sociedad a la que tanto le han hecho, y le hacen con su conducta y su actitud en el ejercicio del poder.