El juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul impulsa un proyecto para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Aseguró que desde las unidades penitenciarias se organizan estafas, narcotráfico y extorsiones virtuales.
El juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul y miembro consultor de Usina de Justicia, Carlos Pagliere, advirtió sobre el creciente uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses para cometer delitos y sostuvo que es imprescindible prohibirlos por ley. En diálogo con la 99.9, explicó que junto al doctor Oscar Lieberman y la doctora Arroyo Salgado están impulsando un proyecto legislativo que busca terminar con una situación que calificó como “inadmisible”.
“Estamos impulsando un proyecto de ley para hacer algo elemental que hace muchos años se tendría que haber hecho: prohibir en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires que los presos tengan teléfonos celulares”, señaló. Para el magistrado, la situación actual contradice el sentido mismo del sistema penitenciario. “Es una vergüenza que desde la cárcel, que es el lugar donde supuestamente se busca proteger a la sociedad y garantizar la seguridad, se sigan cometiendo delitos hacia afuera”, afirmó.
Pagliere explicó que los teléfonos inteligentes permiten a los detenidos mantener una conexión permanente con el exterior y desarrollar distintas actividades ilícitas. “Los presos los tienen a disposición las 24 horas, porque no hay restricciones reales. Tienen muchos chips que pueden ir cambiando y desde dentro de la cárcel hoy se maneja narcotráfico, se organizan bandas, se hacen sextorsiones, extorsiones virtuales y estafas”, detalló.
En ese sentido, aseguró que el problema ya alcanzó una escala masiva dentro del sistema penitenciario bonaerense. “Es inaudito que haya 50 mil celulares dentro de las cárceles funcionando como una suerte de mega call center del delito”, sostuvo. Según indicó, el smartphone se transformó en una herramienta extremadamente poderosa para quienes buscan seguir delinquiendo desde prisión. “Hoy con un teléfono se puede comunicar con cualquier persona, entrar a redes sociales, manejar cuentas bancarias y hacer transferencias en forma inmediata, lo que genera un peligro enorme para la sociedad”, agregó.
El juez también advirtió que esta situación puede generar consecuencias aún más graves en el futuro. “Hay algo que nadie dice y que puede ocurrir, ojalá me equivoque, pero creo que va a ocurrir: la seguridad de las cárceles está comprometida”, señaló. Según explicó, el uso irrestricto de celulares permite a los internos comunicarse en tiempo real entre distintos pabellones y unidades penitenciarias. “Los presos manejan comunicación interna dentro de la unidad y entre todas las unidades del servicio penitenciario sin ninguna restricción. Eso les da un control total de las cárceles y puede ser causa de cualquier cosa”, alertó.
Pagliere reconoció que dentro de las unidades penitenciarias existen ciertos objetos personales permitidos, pero remarcó que el problema central es el acceso a internet y a la comunicación libre con el exterior. “Con la excusa de la pandemia se les dio la posibilidad a los presos bonaerenses de tener un celular a su disposición. Entonces pueden utilizarlo las 24 horas y, delante mismo del personal penitenciario, pueden estar realizando una estafa virtual”, explicó.
El magistrado señaló que la falta de control efectivo permite que estas maniobras se desarrollen con facilidad. “El personal del servicio penitenciario puede ver a un preso hablando por teléfono, pero no puede saber si está hablando con su familia o si está cometiendo una estafa. Para quien lo observa es exactamente lo mismo”, indicó.
En su experiencia cotidiana dentro del sistema judicial, Pagliere aseguró que cada vez aparecen más víctimas de este tipo de delitos. “Todos los días me llega gente con estas maniobras de extorsión. Desde la cárcel crean perfiles falsos de mujeres en redes sociales, generan confianza, intercambian fotos y después llaman diciendo que la persona estaba hablando con una menor de edad y que van a denunciarla por abuso o pedofilia”, relató.
A partir de ese engaño, comienza la extorsión económica. “Después llaman diciendo que son policías o familiares y que hay que depositar dinero para evitar la denuncia. Hay muchísimas personas que están cayendo en estas maniobras”, advirtió.
Para Pagliere, la situación actual implica una contradicción profunda con el concepto de justicia. “Es una reversión de ideas. Las personas están en la cárcel porque quebraron el pacto social, y sin embargo les damos todas las herramientas para que sigan quebrándolo y sigan dañando a la sociedad”, sostuvo.
El juez también remarcó que la solución no pasa por aislar completamente a los detenidos, sino por establecer un sistema de comunicación controlado. “Esto no es una cuestión de sadismo ni de maltrato a los presos. Nadie plantea que no tengan contacto con sus familias. Lo que se plantea es que la comunicación sea supervisada, como corresponde, y no libre con un teléfono desde el cual pueden hacer cualquier cosa”, explicó.
Además, indicó que las medidas judiciales individuales suelen ser insuficientes frente a un problema estructural. “A veces uno ordena que a un detenido se le quite el teléfono, pero eso tiene un resultado limitado, porque el compañero de celda tiene otro celular y siguen operando igual”, señaló.
Por ese motivo, consideró que la solución debe ser general y aplicarse en todo el sistema penitenciario. “Esto hay que cortarlo por lo sano. Es una política de Estado y hay que dejar de lado las ideologías para pensar racionalmente si podemos permitir que desde la cárcel se maneje el delito, la droga o incluso la organización de motines”, afirmó.
El proyecto que impulsa junto a otros juristas propone prohibir directamente los celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y fue denominado “Ley Rodrigo”, en memoria de Rodrigo Gómez, un militar que se quitó la vida luego de ser víctima de una extorsión virtual de este tipo.
“Hoy los legisladores bonaerenses están permitiendo que los presos manejen el delito y tengan control sobre el sistema penitenciario. Lo que buscamos con esta ley es terminar con esa situación”, concluyó.