La Cámara Federal dejó en blanco sobre negro que la AFI está facultada por ley a participar de la seguridad de un presidente y producir informes de avanzada cuando viaja.
La Cámara Federal porteña puso en blanco sobre negro el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la protección de un presidente de la democracia, tras la confusión que deliberadamente armó el kirchnerismo.
Estableció, sin vueltas, que está facultada por la ley para preparar informes de avanzada cuando un presidente se moviliza por el país, desechando así el relato K de la existencia de operaciones de inteligencia ilegal contra familiares de los 44 héroes del submarino San Juan.
Y que los informes de la AFI sobre protestas de los familiares en Mar del Plata -que el kirchnerismo comparó con reportes de la dictadura y habló de los “sótanos de la democracia”- durante visitas del ex presidente Mauricio Macri son “observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”.
De esta forma, el tribunal de alzada descartó de plano las acusaciones que había armado contra Macri el juez subrogante de Dolores Martín Bava en base a la instrucción de su antecesor Alejo Ramos Padilla. La construcción de la acusación de Bava se basó en informes de la Comisión Provincial de la Memoria que preside el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens tomaron una decisión de fondo cuando podrían haber decidido, como hacen otros magistrados, dictar faltas de mérito y ordenar profundizar la investigación para sacarse el tema de encima.
Por lo contrario, el fallo deja en claro que cualquier presidente de la democracia “es una infraestructura crítica” de una República y la AFI y otros organismos deben defenderlo.
Basta ver, sino, como en el 2018 se militarizó Buenos Aires ante la llegada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y otros jefes del estado. Y por el contrario, como el presidente Alberto Fernández, fue atacado a piedrazos en marzo del año pasado por no saber a qué escenario llegaba en Lago Puelo, afectada por los incendios.
La causa está, desde su origen, llena de irregularidades. El primer pasó fue cuando la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño logró que la causa no la investigara un juez federal de Mar del Plata, donde ocurrieron los hechos investigados, sino el entonces juez de Dolores y miembro de “Justicia Legítima” Ramos Padilla.
Luego Bava en octubre de 2021 había tenido que, por ejemplo, suspender en forma escandalosa la indagatoria de Macri por haberse olvidado de pedir, como corresponde por ley, que se levantara el secreto para que pudiera declarar.
El fallo golpea la estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra Macri que en este caso del submarino San Juan se basó en una denuncia de Caamaño apoyada por el presidente de la comisión bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, y los medios K. De la mano de Caamaño, Cristina impulsó 8 denuncias por supuesto espionaje ilegal contra el macrismo.
Bava, un juez de Azul que se basó en la instrucción de Ramos Padilla y el equipo que éste dejó en Dolores, había sostenido que el espionaje ilegal comenzó desde la primera reunión de Macri con los familiares, el 20 de noviembre de 2017, a solo cinco días del naufragio del San Juan.
En su polémico procesamiento, Bava tomó el relato de Ramos Padilla y la Comisión Provincial de la Memoria según la cual la AFI no estaba autorizada a producir informes de avanzada de los viajes de los presidentes, como lo venía haciendo desde que se restauró la democracia en 1983.
Además, sostuvo que “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país” copiando una de las frases preferidas de Ramos Padilla, hijo del juez Juan Ramos Padilla que milita en el partido de Moreau y organiza marchas contra la Corte.
En su fallo de este viernes, la Cámara Federal porteña repasó la ley de inteligencia, sus modificaciones y los decretos que la regulan -incluso el de Cristina en el 2015 cuando dejó de llamarse SIDE tras el crimen de Nisman-, y estableció que “las actividades de inteligencia están llamadas a preservar la vigencia e integridad del orden constitucional… la defensa nacional, la seguridad interior y la seguridad del Estado Nacional”, entre ellas la integridad física del presidente.
Explicó que la seguridad de un jefes de Estado tiene “tres anillos” a través de la Casa Militar y la AFI, la Policía Federal y la Gendarmería que, además, coordinan su trabajo con las policías provinciales.
En este punto, valoró las declaraciones testimoniales Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia, de José Luis Yofré -Jefe de la Casa Militar al momento de los hechos-, Alejandro Daniel Guglielmi -Segundo Jefe de la Casa Militar y Jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo- y Alejandro Cecati -Director General de Protección de Estado.
Mientras Bava sostuvo que la AFI no tenía que ver con la seguridad presidencial, la cámara federal citó el testimonio de la misma Caamaño quien confirmó que existe un departamento específico de “Enlace con Casa Militar” dentro de la AFI.
Luego, el tribunal analizó el contenido de los informes que Bava había presentado como pruebas de inteligencia ilegal y afirmó que “la recolección de información tuvo su razón de ser y se encontró justificada por riesgos que son inherentes a la protección presidencial y/o la seguridad interior”.
Y detalló que fueron elaborados “siempre en fechas cercanas a la asistencia del Presidente a actos públicos y coincidieron con su estadía en la ciudad de Mar del Plata a tal efecto”.
A diferencia de lo que sostuvo Bava, dijo que “ los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.
Como, por ejemplo, “la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia, todo lo cual resulta atendible dentro de los propósitos que inspiran a la inteligencia en este ámbito”, añadió.
Seguramente, la querella encabezada por la abogada K Valeria Carreras, muy cercana a Caamaño, apelará a la Cámara de Casación Penal, mientras Bava está preocupado por el juicio político que le abrieron por este tema en el Consejo de la Magistratura que con este fallo toma más color.