Celeste, la hermana de Florencia Magalí Morales que fue asesinada en San Luis en una comisaría y en plena cuarentena, contó las irregularidades que ha tenido la causa a lo largo de los dos años que llevan reclamando por una investigación seria.
Se cumplieron dos años del asesinato de Florencia Magalí Morales en San Luis durante la cuarentena y en una comisaría. La familia todavía está reclamando que se investigue el crimen porque inicialmente lo hicieron ver como un suicidio y a través de un gran esfuerzo lograron demostrar que se cometió un crimen.
Su hermana, Celeste, es quien está encabezando el reclamo y contó las diversas situaciones que tuvieron que atravesar a lo largo de estos años con una justicia cómplice de la policía. “Estamos con la esperanza se de el cambio de caratula que plantearon los abogados hace tiempo. Se cumplieron dos años del fallecimiento de mi hermana y todavía estamos con la averiguación de muerte”, dijo en principio. Ante esta situación decidieron aportar sus propios peritos para encontrar antes la verdad: “fue necesario contratar por nuestra parte perito forense y criminalístico para demostrar que la había matado la policía y no que se había suicidado como dijeron ellos armando todo un circo”.
Las irregularidades alrededor de la muerte de Florencia comenzaron desde el primer momento: “fueron los policías los que la mataron con la complicidad del fiscal y el juez durante el transcurso de la investigación desde el momento que mi hermana aparece muerta. Son partícipes necesarios los policías hasta la plana judicial. Salieron a decir que la policía nos avisó a nosotros y eso nunca pasó, a mi me avisó una amiga de mi hermana que la habían detenido en la vía pública. Me dijo incluso que quizás tendría que viajar porque había mucho movimiento”.
En su búsqueda de tomar contacto con la comisaría donde se encontró con los primeros problemas: “comencé a llamar y me atendían y no me atendían, pero nadie se identificaba. A las 23.30 me atendió una chica que me dijo que era Johana Torres, le pedí hablar con mi hermana porque estaba en Mendoza y no podía viajar por la pandemia. Me dijo que mi hermana estaba declarando cuando ya tenía 5 o 6 horas de muerta. Hubo mucho cinismo y hay un pacto de silencio que tienen todos. El fiscal y el juez permitieron que la misma fuerza sea la que investigue su muerte”.
Después llegó el momento de la autopsia donde siguieron las irregularidades en el caso: “el forense le hizo la autopsia a mi hermana el 6 de abril y el primer informe no eran más de 4 hojas. Obvió los golpes, la falta de músculos, arterias y venas en el cuello y no cumplió con el protocolo que dice que cada persona que aparece muerta y se debe investigar la causa, se debe revisar hasta los genitales. Eso no lo hizo, porque dijo que se estaba investigando un suicidio, no un abuso sexual. En el segundo informe, menciona los golpes, toma unas muestras que nunca mandó a analizar. Cuando pedimos la autopsia nuevamente, el juez quería que la familia lo pagara. Quería que juntáramos en 48 hora juntáramos 250 mil pesos y buscar como trasladar el cuerpo. Después no acusó en una entrevista de retrasar la autopsia”.
Finalmente, lograron que se hiciera una segunda autopsia donde se siguió ratificando la complicidad entre la justicia y la policía para tapar todo lo que había pasado: “en agosto le hicieron la autopsia y sale en el periódico judicial que no se encontró nada. Le sacaron músculos, arterias y venas del cuello; por eso no pudieron encontrar nada. Es una película de terror que vemos todos los días. Se la maltrató en vida con ensañamiento aún cuando demostramos con profesionales que la habían matado y solamente a 4 de los policías se los acusó de incumplimiento del deber de funcionario público, algo insignificante”.
Los policías que estuvieron involucrados aquella noche todavía no han pagado por lo realizado y el juez interviniente ha sido responsable: “el martes nos recibió el ministro de Gobierno de San Luis después de dos años porque el año pasado en diciembre, el juez Pinto pidió la prisión preventiva de los cuatro policías y el mayor cargo cae sobre el comisario Clavero y Ontiveros que era el jefe de guardia. Estuvieron cuatro días y pide la excarcelación con una fianza de 3 y 1 millón de pesos. Como no lo podían pagar, iban a pagar una multa 200 mil y 300 mil pesos poniendo capital propio, pero nos enteramos que no están echados de la fuerza sino que cobran la mitad del sueldo aún. A ellos se les respetan los derechos y a mi hermana no les respetaron los derechos ni en vida ni en muerte”.
Lo único que han descubierto con el correr de los días, es que se ha hecho un daño irreparable y tener paciencia parece la única respuesta posible: “ahora se está esperando la apelación de la medida que tomaron en diciembre y cambiar la causa de lugar a Villa Mercedes. Hay que esperar y tener paciencia, llevamos dos años y para los niños que están creciendo sin su mamá es mucho tiempo. Los niños fueron totalmente abandonados por el estado, les dijeron que su mamá se había suicidado y se enteraron por la TV que la había matado la policía. El más grande de 13 años pregunta porque le hicieron eso, era muy compañero de la madre y siente culpa porque piensa que si andaba con su mamá en ese momento, no le hubiera pasado eso”, finalizó Celeste.