El abogado explicó en la 99.9 los alcances de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos mínimos para la persecución penal tributaria y redefine el rol del Estado frente a pequeños contribuyentes, reforzando garantías constitucionales.
La reciente aprobación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios profundos en la política criminal tributaria, aunque todavía no ocupa un lugar central en el debate público. Así lo señaló el abogado Christian Cao en diálogo con la 99.9, donde explicó que la norma fue publicada el primer día del año y coincidió con la feria judicial, lo que retrasó su impacto visible en los tribunales.
Según detalló Cao, el eje central de la reforma pasa por la actualización de los umbrales mínimos que habilitan la persecución penal por evasión impositiva. “Hasta ahora seguían vigentes montos fijados en 2015. Eso implicaba que evadir 100 mil pesos podía llevar a una persona a una pena privativa de libertad”, explicó. En un contexto de fuerte devaluación de la moneda, ese monto resulta irrisorio: “Hoy 100 mil pesos son alrededor de 66 dólares”.
El abogado sostuvo que la modificación responde a un criterio de sentido común y de proporcionalidad. “El derecho penal es la última ratio del Estado. No tiene lógica iniciar una persecución penal contra alguien que no pagó un impuesto por un monto tan bajo. En todo caso, el fisco tiene herramientas civiles para reclamar, ejecutar y embargar”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la elevación de los umbrales no implica impunidad, sino un cambio de enfoque para concentrar los recursos del Estado en medianos y grandes evasores.
Cao también se refirió a otro punto clave de la ley: la determinación de oficio por parte de la Agencia Tributaria. “Hasta ahora, el fisco podía presumir una deuda —muchas veces a partir de consumos o presunciones contables— iniciar ejecuciones, embargar cuentas e incluso avanzar penalmente, dejando al contribuyente prácticamente indefenso”, explicó. La nueva normativa, señaló, introduce mayores garantías y permite discutir esas determinaciones antes de sufrir consecuencias irreversibles.
“Hoy el contribuyente tiene más herramientas para defenderse, para explicar que hay un error o una diferencia de criterio contable. Ya no queda a merced de que lo que diga la Agencia Tributaria sea palabra santa”, subrayó, destacando el fortalecimiento de garantías constitucionales en materia tributaria.
Si bien la ley ya se encuentra vigente, Cao aclaró que su aplicación plena comenzará una vez finalizada la feria judicial. No obstante, mencionó un antecedente reciente: “Hubo una persona detenida por una evasión de monto muy bajo que fue liberada por un juez de feria, justamente porque el monto quedó por debajo del nuevo mínimo penalmente perseguible”.
Finalmente, anticipó que en las próximas semanas comenzarán a verse los efectos concretos de la norma. “A partir de ahora, muchas causas deberán revisarse y sólo podrán avanzar penalmente aquellas que superen los nuevos montos establecidos. Esto va a cambiar de manera sustancial el panorama del derecho penal tributario”, concluyó.